El
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos partió
con la propuesta de Clinton para que Chile se incorporara
al NAFTA. (Acuerdo de Libre Comercio de América
del Norte) Nunca fue un objetivo del gobierno chileno,
sino una “invitación” que no
se podía rechazar. La oposición de
sindicatos y ambientalistas norteamericanos a la
ampliación del NAFTA llevó a la Casa
Blanca a optar por un tratado bilateral. Elogiada
como la economía más próxima
al modelo norteamericano, El TLC con Chile, fue
acogido por las transnacionales y los políticos
estadounidenses, como un paso adelante en su viejo
sueño de asimilación de las naciones
al sur del Río Bravo.
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Al firmar este Acuerdo en diciembre
2002, EE.UU ha logrado tres objetivos: a) avanzar en su disputa
con el capital europeo por la supremacía en el continente
b) consagrar un camino alternativo, los tratados bilaterales,
para el caso de que se empantane el ALCA (Acuerdo de Libre
Comercio de las Américas) y c) bloquear la entrada
de Chile al MERCOSUR que podría limitar la expansión
estadounidense en la región. Con razón la Casa
Blanca ha calificado el Acuerdo como un éxito “geopolítico”.
Los beneficios que EE.UU espera de este Tratado son más
de proyección política que económica,
dado el reducido tamaño de nuestro mercado y el acceso
que ya tiene a nuestros recursos naturales. Esto es, sin despreciar
los logros alcanzados por sus negociadores en facilitar los
negocios de sus transnacionales. La campaña del gobierno
de Lagos y del gran empresariado para convencer acerca de
“las inmensas ventajas” que Chile obtendría
de este Tratado, más que mostrar beneficios concretos
para todos los chilenos, tiene objetivos políticos:
a) dar a la opinión pública una “señal
de prestigio” de la Concertación, por “ser
elegido como socio” de la superpotencia b) minimizar
las concesiones que se le otorgan y la mayor dependencia en
que Chile se sitúa de EE.UU y c) hacer olvidar la crisis
del modelo neoliberal y sus causas, vendiendo la ilusión
de que el Tratado contribuirá decisivamente a su superación
.
La política norteamericana
de “libre comercio”
La estrategia económica norteamericana
para dominar el mundo es la aceptación de las reglas
del libre comercio internacional en todos los países.
Para lograrlo, ya a mediados de los noventa, EE.UU había
alcanzado dos grandes éxitos: La Ronda Uruguay, plasmada
en el Tratado de Marrakesh y en la creación de la Organización
Mundial de Comercio, (OMC); y el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TCLAN o NAFTA) con Canadá
y México. En capítulos anteriores se analizó
las consecuencias de la Ronda Uruguay y el significado de
la OMC para los países en desarrollo.
Como resultado de la incorporación
de Chile a la OMC, el Reino Unido y sus fabricantes de bebidas
alcohólicas exigieron a nuestro país cumplir
con los compromisos adquiridos. Dos regiones del país,
la Tercera y la Cuarta, sufrieron un golpe económico
a una de sus industrias importantes. El gobierno cedió
a la presión exterior al rebajar el impuesto al whisky
de 47% al 27% y de esa manera equipararlo con el pisco, perdiendo
esta industria una ventaja importante. Con esto el Fisco perdió
11 millones de dólares en ingresos. Fueron arrancados
2.000 hectáreas de uva. Resultaron perjudicados, parceleros,
pequeños fabricantes, obreros, transportistas, comerciantes,
municipios. Otra consecuencia del “libre comercio”
fue la exigencia de la OMC de al eliminar el reintegro de
impuestos, del cual gozaban los exportadores nacionales no
tradicionales, subsidio que muchos otros países desarrollados
siguen otorgando a sus exportadores.
Los efectos del NAFTA en Canadá,
Estados Unidos y México
Para apreciar los efectos que puede tener el TLC Chile-EE.UU
es necesario conocer las consecuencias que ha tenido el NAFTA
en cada uno de esos países.
En Canadá, la aprobación
del NAFTA tuvo serias consecuencias políticas. El Primer
Ministro Mulroney, su principal impulsor, sufrió una
estrepitosa derrota electoral, que significó la pérdida
de su mayoría absoluta en el Parlamento y un desastre
para los conservadores, los cuales fueron reducidos hasta
casi desaparecer del mapa electoral. Los canadienses no aceptan
que el NAFTA otorgue "tratamiento nacional" y garantice
"el derecho de residencia" a compañías
estadounidenses en Canadá. Esto significa que el gobierno
no puede darle a las empresas canadienses asistencia o incentivos,
a menos que estos mismos beneficios también se les
otorgue a las estadounidenses. Canadá renunció
a exigir a las sucursales norteamericanas en suelo canadiense
que utilicen de preferencia insumos nacionales o que transfieran
sus tecnologías a las empresas nacionales. Tampoco
puede reservar a los canadienses la comercialización
exclusiva de determinados productos. Canadá ya no puede
decretar cualquiera restricción a la exportación
de capitales o ganancias de las sucursales estadounidenses.
Su banca central tiene que fijar altas tasas de interés
para evitar la fuga de capitales, con lo cual, el crédito
comercial e incluso el hipotecario se han encarecido para
los nacionales. Si el gobierno canadiense quisiera crear nuevas
empresas públicas, o defender servicios como el Correo
Federal de la competencia norteamericana, o imponer regulaciones
por el medio ambiente, debería pagar fuertes indemnizaciones
a las firmas norteamericanas a título de "pérdida
de oportunidades potenciales” o “lucro cesante”.
Las más modestas regulaciones pueden llegar a ser consideradas
como “expropiatorias” para las transnacionales.
(3) Según el NAFTA, Canadá renunció al
control de sus propios recursos energéticos e hidrológicos.
No puede aplicar precios mínimos a la exportación
de esos recursos ni aplicar impuestos, para evitar su dilapidación.
Tiene que permitir las exportaciones petroleras a Estados
Unidos sin limitaciones de cantidad, aunque en Canadá
se produzca escasez. Tampoco puede colocar precios menores
a los consumidores nacionales cuando el mercado internacional
está demasiado alto. El agua potable que abunda en
Canadá y escasea en Estados Unidos se declara producto
comercializable. Los bancos norteamericanos pasaron a operar
sin ninguna limitación. Productos norteamericanos con
precios más bajos que los nacionales debido a menores
normas de regulación ambiental gozan de ventajas frente
a los canadienses que tienen leyes más rigurosas. Ni
el gobierno central ni las provincias pueden establecer precios
justos o poderes compradores para sus agricultores. Un asunto
clave son los derechos de propiedad intelectual. El NAFTA
extendió en cierta medida la legislación norteamericana
sobre derechos de patentes a Canadá. Esto afecta la
libre difusión de los conocimientos y obliga a pagar
más caro y en exclusiva, por los medicamentos, semillas,
materias primas químicas, programas de computación,
de películas, etc. ¿Qué ha ganado Canadá
en este tratado con EE.UU? Los grandes capitales se han beneficiado.
Pero, aunque en el papel pueden aparecer ventajas y normas
igualitarias, el poder económico y político
de los capitales estadounidenses tiende a imponerse cada vez
que hay controversias o disputas. Como consecuencia del NAFTA
varias plantas subsidiarias de las transnacionales norteamericanas
en territorio canadiense se han cerrado y generado cesantía,
debido a que a sus matrices les conviene más, al no
pagar aranceles, aumentar un poco la producción dentro
de Estados Unidos y exportar a Canadá.
En Estados Unidos la implantación
del NAFTA dio origen, por primera vez en muchos años,
a una posición independiente y crítica de los
sindicatos afiliados a la poderosa AFL-CIO frente al gobierno
demócrata y a sus transnacionales. La AFL-CIO, junto
a los ambientalistas y a los granjeros realizaron una gran
campaña nacional en contra del “libre comercio”
y el Tratado. Aunque no lograron impedir su aprobación,
arrancaron del Capitolio la creación de un fondo especial
para compensar a los despedidos de las empresas o plantas
que iban a cerrar para trasladarse a otros países.
Según cálculos oficiales, en pocos años,
más de 1.000.000 empleos estables han sido destruidos
como consecuencia del Tratado, creando zonas empobrecidas
donde el trabajo permanente ha dado paso a empleos precarios.
Por otra parte, los ambientalistas han denunciado a las transnacionales
locales que presentan demandas judiciales contra estados como
California que poseen leyes prohibitivas de aditivos tóxicos
a la gasolina, como el butyl. Invocando el NAFTA otras multinacionales
han presentado demandas contra diversos estados de la Unión
las cuales, de prosperar empeorarán las condiciones
ecológicas de sus habitantes.
En México, después
de siete años de firmado, la independencia económica,
la fortaleza industrial y las condiciones de vida de la gran
masa se han deteriorado.(4) El aumento del comercio con Estados
Unidos, logrado en desmedro del intercambio con Europa y Asia,
continúa arrojando un déficit neto para México.
El país se ha hecho más dependiente de Estados
Unidos, al punto que 74% de las importaciones provienen del
norte y el 89% de las exportaciones dependen del mercado estadounidense.
La tasa de crecimiento del PIB después del Tratado
si bien aumentó, aún resulta muy inferior a
la que tenía el país en los años setenta.
La crisis de la economía norteamericana iniciada en
el 2001 y continuada en el 2002 redujo de inmediato la tasa
del crecimiento mexicano. La expansión de las empresas
maquiladoras, en su casi totalidad, sucursales de multinacionales
instaladas en la frontera con Estados Unidos, no ha significado
un mayor estímulo para las industrias mexicanas, pues
el 98% de las piezas y componentes que aquéllas utilizan,
las importan de Estados Unidos y otros países, con
las cuales ensamblan los productos que luego la estadística
registra como “exportaciones mexicanas”. En verdad
apenas el 4% de esas exportaciones corresponden a empresas
mexicanas, el resto pertenece a las multinacionales. Entretanto,
tal como se temía, la avalancha de productos agropecuarios
norteamericanos, fuertemente subsidiados por Washington, está
causando estragos entre los campesinos y los agricultores
pequeños y medianos. Grandes protestas ha causado la
importación desde EE.UU de productos avícolas
y otras carnes. México se ha convertido en importador
neto de papas, algodón, arroz y maíz, en circunstancias
que antes los exportaba o se autoabastecía. En contraste,
las exportaciones agrícolas mexicanas así como
los camiones que las transportan son objeto de hostilización
permanente en la frontera, con pretextos de carácter
sanitario o ambiental. Como resultado neto de los primeros
ocho años del Tratado, se han dejado de cultivar 10
millones de hectáreas y 6 millones de campesinos han
debido emigrar.
El NAFTA ha permitido también
que las transnacionales acentúen sus políticas
depredadoras y contaminantes. Greenpeace ha denunciado que
las maquiladoras vierten sus desechos, muchos de ellos tóxicos,
en los centros urbanos. En el estado de Guerrero, los consorcios
privados desmontaron ya el 40% de las selvas naturales, para
exportar sus maderas. Invocando el fatídico capítulo
11 del Tratado, se habían presentado demandas contra
la Federación y los gobiernos estaduales por multinacionales
que exigen la derogación de normas ambientales u otras
regulaciones, o bien el pago de fuertes indemnizaciones. En
los años de vigencia del Tratado, los salarios reales
han disminuido a pesar del aumento de las remuneraciones nominales
porque el costo de los alimentos básicos se elevó
cinco veces más que aquéllas. Más de
la mitad de los asalariados no calificados reciben menos de
lo que percibían a comienzos de los noventa, debido
a la caída del poder adquisitivo del salario mínimo.
Han sido eliminados 200.000 puestos de trabajo estables, mientras
aumenta dramáticamente el trabajo infantil y los empleos
precarios. Más de la mitad de los nuevos puestos creados
son informales, donde campea la ausencia de contratos de trabajo,
derecho a vacaciones anuales, acceso a la jubilación
y de asociación sindical. En las maquiladoras y en
diversas regiones del país, el desempleo, los miserables
salarios y pésimas condiciones de trabajo son tan malas,
que miles de mexicanos prefieren arriesgar sus vidas para
traspasar la frontera aunque sea en la dura condición
de indocumentados. En el 2002, un 50 % de los mexicanos, o
sea más de 50 millones se encontraban bajo la línea
de pobreza. Casi 20 millones de mexicanos sobreviven en la
indigencia.
El impacto del TLC en el comercio
de productos
Según las informaciones preliminares
los envíos de nueve especies de frutas frescas chilenas
entrarán a EE.UU sin pagar arancel. La tarifa anterior
al Tratado era muy cercana a cero, lo que significa una ventaja
muy pequeña; otras especies y algunas hortalizas, jugos
y pulpa de fruta, conservas y pastas tendrán una desgravación,
que demorará hasta 12 años. Algunas otras especies,
como paltas y alcachofas, para gozar de arancel preferencial,
quedarán sometidas a cuotas máximas. Las carnes
rojas, en forma gradual y las carnes blancas, más lentamente,
así como la leche y derivados deberán esperar
hasta 12 años para entrar libremente. Los productos
forestales, no todos, seguirán entrando con arancel
cero, sólo que este beneficio será permanente,
y no renovable como antes. Las esperanzas de la agroindustria,
con sus productos más elaborados y de mayor valor agregado,
quedaron frustradas. Estados Unidos, a pesar del Tratado,
mantendrá plenamente aplicables contra las exportaciones
chilenas sus leyes antidumping, leyes de subsidios a su agricultura,
las “marketing orders” que discriminan por tamaño
, color o calibre y sus duras y, a menudo arbitrarias, barreras
fitosanitarias. Todas ellas servirán de pretexto
para poner limitaciones a las exportaciones chilenas, cada
vez que amenacen con desplazar a sus competidores norteamericanos,
lo que ya ha ocurrido en numerosos casos. Según el
Presidente de la Asociación de Exportadores Ronald
Brown, “Chile no vivirá un boom de exportación
frutícola” con el Tratado.
En cuanto a las importaciones agropecuarias
el Acuerdo hace concesiones a EE.UU que pueden significar
graves perjuicios a vastos sectores y zonas agrarias. Los
agricultores chilenos tienen presente cómo el Tratado
de Libre Comercio con Canadá, les ha significado daños
en cultivos chilenos tradicionales, como lentejas, papas,
habas, arvejas y cebada. Según fuentes estadounidenses
(sitio USTR.GOV)
las tres cuartas partes de su extensa y variada producción
entrarán libres de aranceles, a partir del cuarto año
de vigencia. Especialmente beneficiadas serán
las compañías de EE.UU que exportan carne de
cerdo y de vacuno, semilla de soya, trigo, papas; agroindustriales
como pastas, bebidas alcohólicas y cereales comestibles.
Los funcionarios norteamericanos se jactan de haber logrado
el compromiso de debilitar los controles fitosanitarios que
Chile mantiene a las importaciones de carne y leche. Los
agricultores chilenos que dependen del trigo, arroz, maíz,
avena, cebada, remolacha, semillas oleaginosas y otros cultivos,
perderán un eficaz instrumento de defensa ante la competencia
desleal, el sistema de “bandas de precios” y el
consiguiente poder comprador estatal para sus productos.
También la producción para el mercado interno
de leche y carne puede sufrir el embate norteamericano. Debido
a la pérdida de estas garantías, sumada a la
entrada sin aranceles del grano del norte, la Sociedad Nacional
de Agricultura (SNA) reconoció que dejarían
de sembrarse unas 150.000 hectáreas de trigo, o sea,
casi el 40% de las actuales. De resultar estas estimaciones,
los agricultores nacionales sufrirán un duro golpe
que la mayoría no podrá resistir. Resulta
imposible para los cultivadores locales competir con quienes
reciben subsidios anuales de Washington por unos 55.000 millones
de dólares en total. Otro tanto le ocurrirá
a miles de sembradores de remolacha, desde Rancagua hasta
Puerto Montt, quienes serán perjudicados con la libre
entrada del azúcar y otros edulcorantes norteamericanos.
Cabe recordar que el 85% de los propietarios agrícolas
tienen un tamaño inferior a las 50 hectáreas,
que muchos de ellos carecen de capital o acceso al crédito
bancario y a la tecnología para modernizarse o reconvertirse,
por lo cual deberán abandonar sus tierras. Aún
siendo partidario del TLC, el gerente de la Sociedad Nacional
de Agricultura, al comparar beneficios y desventajas le puso
una nota regular: un 4.
En el sector manufacturero, el Tratado otorga escasas franquicias
para la reducida producción chilena exportable al país
del Norte. Se mencionan como logros excepcionales, el cobre
en cátodos y alguna producción textil. Estados
Unidos no ha modificado su sistema general de aranceles escalonados,
según el cual son más altos según más
valor agregado contengan. En cambio las actuales importaciones
industriales norteamericanas que habrán estado sometidas
al 6% en el futuro pagarán cero arancel. Chile, como
campeón del neoliberalismo viene rebajando unilateralmente
y para todo el mundo, sus derechos aduaneros, renunciando
a la posibilidad de negociar y obtener reciprocidad.
A pesar de esto, la rebaja de aranceles no se traduce en menores
precios para los compradores chilenos de manufacturas norteamericanas,
sino en mayor margen de ganancia para los importadores, como
lo han reconocido sus representantes. Los funcionarios
norteamericanos se jactan de que el 85% de sus productos de
consumo e industriales que entraban a Chile antes del Tratado,
lo harán en el futuro, libres de tarifas. Mencionan
especialmente a los fabricantes de equipos para construcción,
automotores y sus partes, productos informáticos, instrumentos
de medición y medicamentos y papelería. General
Motors y Ford obtuvieron que Chile se desista de aplicar en
el futuro, el impuesto previamente reducido, a los automóviles
de lujo, con lo cual el presupuesto fiscal pierde 14 millones
de dólares anuales. El Tratado incluye la renuncia
de Chile a exigir a compañías norteamericanas
la compra de insumos nacionales para sus operaciones en Chile,
lo cual perjudicará a los proveedores nacionales.
Los norteamericanos se felicitan por haber logrado algo que
la mayoría de los países se resiste a ceder:
El apetecido mercado nacional de compras gubernamentales,
calculable en unos 3.000 millones de dólares anuales,
reservado históricamente para la producción
doméstica, quedará abierto a las mercancías
del norte, mediante nuevas reglas más favorables.
Entre esas nuevas reglas se establece la renuncia del estado
chileno a dar preferencia a las ofertas provenientes de fabricantes
nacionales. En resumen, según la Asociación
Nacional de Manufactureros de los EE.UU, el Tratado les permitirá
incrementar sus ventas a Chile en unos 800 millones de dólares
anuales, esto es un aumento de 25% . Este aumento será
a costa de importaciones de otros países (europeos,
asiáticos, latinoamericanos) y de una parte de producción
interna, generando quiebras, cierres y desempleo.
Servicios, tecnologías,
capitales
En el comercio de servicios, donde
EE.UU tiene una aplastante superioridad a nivel mundial y
un amplio superávit con nuestro país, las concesiones
otorgadas por Chile sientan un precedente negativo, ya que
la mayoría de las naciones se resiste a abrir estos
mercados, para preservarlos a su producción nacional.
Las firmas norteamericanas podrán utilizar el comercio
electrónico, libre de impuestos como el IVA u otros
nuevos, en cuyo caso las pérdidas potenciales en recaudación
fiscal pueden ser considerables. La información procedente
de Washington destaca que el Tratado otorga facilidades a
compañías del Norte para proveer en Chile servicios
bancarios, de telecomunicaciones y transporte de encomiendas.
Las transnacionales de seguros son las más favorecidas.
Otro tanto ocurrirá con las empresas norteamericanas
de turismo, publicidad, asesorías, servicios profesionales
y comercio mayorista. En el creciente mercado de la educación
de adultos y el entrenamiento, los norteamericanos podrán
ingresar gracias a las facilidades otorgadas por el Acuerdo.
Los funcionarios norteamericanos se
muestran muy satisfechos por los logros conseguidos en otro
de sus puntos fuertes: la tecnología, donde los chilenos
tienen escasas posibilidades de competir en el mercado norteamericano.
Para EE.UU se trata de afianzar el derecho al pago de royalties,
honorarios, comisiones o precios especiales por los productos,
patentes, marcas, secretos comerciales y servicios de las
transnacionales que, en nombre del “derecho de propiedad
intelectual” gozan en su país de un monopolio
de explotación. Al parecer los negociadores chilenos
se comprometieron a extender los plazos de vigencia de ese
monopolio y perseguir por todos los medios y aplicar fuertes
sanciones, a quienes usen, eludan o difundan gratuitamente
tecnologías, incluidos programas informáticos
y audiovisuales. Se rebajan los derechos aduaneros a los CDV
y a los CD, que se calcularán por su valor físico
y no por su contenido. Una de las consecuencias de
reforzar los derechos de patente es el alza de numerosos medicamentos
de “marca”, la desaparición del mercado
de sustitutos más baratos, el cierre de laboratorios
que elaboran esos sustitutos, y por ende, cesantía
para un sector de trabajadores y mayores costos en salud para
la población, sobre todo para la tercera edad.
Por otro lado, mientras en el mundo se discute y se resiste
el uso de semillas y otros productos transgénicos,
las multinacionales norteamericanas habrán logrado
de Chile, una amplia libertad para introducirlos en el país.
Los consumidores que rechacen los transgénicos quedarán
desprotegidos y los agricultores serán más dependientes
de esas transnacionales al tener que pagar por el uso de semillas
transgénicas en cada nueva siembra.
En materia de inversión
de capitales extranjeros, Chile renunció a utilizar
soberanamente el encaje aplicable a la entrada de capitales
de corto plazo, mecanismo de probada eficacia para enfrentar
los movimientos erráticos de los especuladores financieros.
El Tratado autoriza a Chile a utilizarlo sólo por un
año y no como preventivo, sino en caso de “catástrofe”
(para lo cual ya sería inútil), siempre que
no “obstaculice seriamente” la salida de capitales,
en cuyo caso los inversionistas estadounidenses tendrían
derecho a fuertes indemnizaciones. Serias consecuencias
tendrá también el compromiso chileno de “controlar
y regular” sus empresas estatales (CODELCO, ENAP, Banco
del Estado, Correos, etc) las cuales deberán tener
cuidado de “no dañar” los intereses de
las compañías norteamericanas competidoras de
aquéllas. En caso contrario los estadounidenses podrían
exigir indemnizaciones.
Regulaciones medioambientales,
laborales y solución de controversias
En materia de medio ambiente, los
ecologistas venían planteando que este Tratado contemplara
exigencias a los exportadores desde Chile, de elevar sus niveles
de respeto a las convenciones internacionales, incluso de
establecer sanciones especiales a quienes violaran esas normas.
Nada se obtuvo al respecto, por la oposición conjunta
de las transnacionales y ambos gobierno en total concordancia.
En materia de derechos laborales tampoco el Acuerdo establece
medidas para exigir y sancionar a las empresas exportadoras
o importadoras que violen las normas básicas establecidos
en los Convenios de la OIT. Esta demanda también fue
rechazada por los negociadores de ambos lados. Solo se estableció
para el medio ambiente y el tema laboral un enunciado general
en el sentido que cada parte se atiene y respeta las legislaciones
de cada país y que en caso de conflicto, un consejo
consultivo de ambos gobiernos estudiará el asunto,
sin ningún compromiso mayor. Al respecto hay que recordar
que la mayoría de las convenciones OIT sobre derecho
a formar sindicatos, negociación colectiva y derecho
a huelga, nunca han sido ratificadas por Estados Unidos. MacDonald,
uno de los mayores empleadores en Chile y en el mundo, se
enorgullece de no aceptar sindicatos en sus establecimientos.
El Tratado no permite exigirlo, ni los sindicatos pueden reclamar
indemnizaciones a los estados, como sí pueden hacerlo
las empresas.
En materia de “solución
de controversias”, EE.UU dió un paso más
en su política de sustraerse a la legislación
nacional y a la jurisdicción de los tribunales chilenos.
Se formará para cada controversia un Panel internacional
de tres partes, una por cada lado y una tercera designada
de común acuerdo. Las multinacionales acudirán
allí a exigir el pago de indemnizaciones cada vez que
se sientan perjudicadas o amenazadas por decisiones soberanas
del estado chileno. La experiencia internacional indica que
en la mayoría de los casos, este tipo de tribunales
especiales favorece al país más fuerte, el cual
tiene todos los recursos para obtener fallos a su favor.
Conclusiones
La Universidad de Michigan estimó
con optimismo que el Producto Interno Bruto de Chile aumentaría
anualmente como resultado del Tratado en unos 700 millones
de dólares. Al nivel de 2002 esto representa apenas
un 1% de aumento. Este magro resultado echa por tierra
las eufóricas declaraciones de los negociadores, del
gobierno de Lagos y de los políticos de la Concertación
y de la Alianza. Por otro lado, según el estudio
de Coeymans y Larraín dos académicos neoliberales
de la Universidad Católica, el resultado previsible
del Tratado es que las exportaciones norteamericanas a Chile
crecerían en una proporción casi el doble comparado
con el aumento de las chilenas a ese país. Esto
significa que se acentuaría el déficit comercial
que Chile soporta normalmente con ese país,
mientras que con Europa y Asia hay superávit. Si a
eso se agrega el hecho que una mayor instalación de
capitales norteamericanos en Chile aumentará a la larga,
la salida de pagos por remesas de sus ganancias e intereses,
tenemos como resultado, un neto agravamiento de la cuenta
total de pagos corrientes.
En resumen, los resultados previsibles
serán:
1. La Balanza de Pagos estará más tensionada
por el Tratado, crecerá el peligro de pérdidas
súbitas de divisas o de bajas repentinas del dólar,
el Banco Central tenderá a subir la tasa de interés
para mantener la atracción de capitales y créditos
externos, el país aumentará su endeudamiento
y se encarecerán los costos financieros de las empresas.
El TLC con EE.UU hará a la economía chilena
más vulnerable a las crisis internacionales, la dejará
más dependiente de la coyuntura norteamericana y de
las decisiones de sus gobernantes.
2. La mayor presencia de los productos, servicios, capitales
y tecnología norteamericana será en desmedro
de una equilibrada relación con otros bloques comerciales
y regiones. El TLC dificultará la participación
de Chile en el Mercosur, el pacto comercial más grande
dentro del continente. Perjudicará la integración
con América Latina y el Caribe, que es nuestro espacio
natural, histórico, geográfico y político.
Una de las íntimas satisfacciones que confiesan los
políticos locales más retrógrados es
que el TLC con EE.UU hará más difícil
para cualquier gobierno futuro el cambio del sistema económico
interno. Una vía al socialismo sería imposible
por las nuevas obligaciones que Chile ha contraído
y por las represalias norteamericanas que sobrevendrían.
Por el contrario, si nos atenemos a las lecciones de la Historia,
sabemos que ninguna potencia por muchos tratados abusivos
y tratos desiguales que imponga a sus colonias, puede impedir
que un pueblo herido en sus intereses más vitales,
tarde o temprano, por muchos sacrificios que imponga la lucha,
encuentre el camino a su libertad y felicidad.
Notas
- (1) Esta materia está regulada
por el ya célebre capítulo 11 del NAFTA. Acogiéndose
a éste, seis compañías norteamericanas
–Ethyl, Myers, Ketchau, Sun Belt, Pope and Talbot- demandaron
al estado canadiense exigiéndole fuertes indemnizaciones.
- (2) Lo que sigue es una síntesis de los estudios del
académico mexicano de la UNAM, Germán de la
Reza y del cubano Osvaldo Martínez, del CIEM.
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