A comienzos
de la mitica decada del los '80, quienes eramos
estudiantes y dirigentes universitarios, rechazamos
de plano la nueva institucionalidad para la educacion
superior que nos imponia la dictadura, y que habia
sido desarrollada por el grupo economico conocido
como 'Los Tucanes', dignos herederos racionalizadores
de los Chicagos Boys de la primera hora.
Los pilares fundamentales de la nueva ley de universidades,
ademas de la supresion de los derechos democraticos
de estudiantes y profesores, establecia dos ejes
fundamentales: primero, que las universidades eran
capaces de generarse los recursos para su autofinanciamiento,
en la misma medida que el Estado se los iria progresivamente
disminuyendo.
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La segunda premisa contemplada era que cada plantel universitario
debia generar los mecanismos de recuperacion de Credito Fiscal
-que luego evolucionó a Universitario y a Solidario-
otorgado a los estudiantes, en que se contraía la deuda
con el Estado mediante un pagare de la Tesoreria General de
la Republica que se comenzaba a pagar dos años luego
de salir de la U.
Como todos suponiamos
entonces y sabemos ahora, ninguno de estos supuestos era valido
y genero, como tambien lo dijimos en medio de la lucha por
la recuperación de la democracia, la crisis financiera
de los planteles tradicionales, especialmente regionales.
Esa situacion, generó la respuesta esperada en una
economía liberalizada: comenzaron a proliferar las
universidades privadas, sustentadas en el derecho a abrir
establecimientos educacionales.
Muchos asumimos la decision tacita de no pagarlo. A eso se
agregó el hecho de que muchos de los que fueron sancionados,
suspendidos y expulsados de la Universidad no pudieron terminar
sus estudios y para no pocos de los que pudieron volver los
beneficios se acabaron y sus familias debieron hacer un esfuerzo
máximo para sostenerlos.
A muchos de los que no pagaron su credito por este convencimiento
de injusticia, por no haber terminado sus estudios y a los
que debieron hacer sacrificios para terminar, se les cobra
el credito, sus intereses y sus multas, tal como a aquellos
jovenes que ingresaron a la educación superior junto
con la democracia, que pudieron acceder a un sistema menos
malo y menos injusto, donde se fijo un tope de devolucion
y se ampliaron los plazos de cobro.
Creo que la lucha que dimos en el pasado era justa, asi como
la de hoy lo sigue siendo, porque rechazaba un sistema desintegrador,
elitista y economicista impuesto por Pinochet, y que en el
largo plazo solo buscaba liquidar la educacion superior publica,
favorecer el desarrollo de las universidades privadas y convertir,
derechamente la formación de profesionales en un lucrativo
negocio. Por eso, toda nuestra comprension y solidaridad esta
con los estudiantes.
Lo que ahora esta en juego no es solo un rechazo de los estudiantes
a un determinado tipo de sistema de financiamiento, sino que
por el contrario es la busqueda de uno nuevo que sea solidario
en un doble sentido: solidario, porque efectivamente los jovenes
que tengan menos reciban el credito suficiente para estudiar
y ninguno quede fuera por ser pobre; y solidario en un segundo
sentido, porque aquellos que terminan sus carreras y tienen
trabajo, reintegren ese credito al sistema.
En este sentido es absolutamente erroneo lo que se plantea
en el Documento de Trabajo Nº189, "Elementos para
una Reforma del Sistema de Credito Estudiantil en Chile",
elaborado por Osvaldo Larrañaga, actual vicedecano
de la Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas de
la Universidad de Chile, para el Mineduc, en su calidad de
Coordinador del equipo técnico de la Reforma del Sistema
de Financiamiento para Estudiantes de Educación Superior,
cuando utiliza simulaciones de ingresos mensuales que oscilan
entre $276.000 y $930.000, para 5 años de estudio,
2 de gracia, 6% de interes y crecimiento del ingreso a un
7% anual, para proyectar los retornos del credito, en un plazo
ampliado de 20 años.
No coincidimos con el profesor Larra~naga, quien paradojalmente
ha encabezado en años anteriores el Estudio sobre Reforma
del Sistema de Salud en Chile; el Capitulo Chile de la Red
de Desigualdad y Pobreza del BID-BM y mas recientemente el
proceso de reformulacion de la Ficha CAS, cuando insiste en
sus calculos sosteniendo que: "Los estudios de nivel
superior estan asociados en Chile a un importante premio en
el mercado laboral. Cifras para el año 2000 situan
el ingreso promedio de los ocupados con educacion universitaria
completa en alrededor de $860.000, mientras que la cifra correspondiente
en el caso de egresados de la educacion media es $ 240.000".
En lo si estamos de acuerdo con el, es que plantear la recuperación
del credito como la panacea para financiar a los actuales
estudiantes es tambien incorrecto y erroneo, porque aunque
todos pagaran su 5% durante quince años, no alcanzarian
a reintegrar todos los recursos recibidos como credito, en
lo que el considera como "importantes subsidios asociados
al credito", lo que tacita y claramente impulsa al Estado
a asumir el rol subsidiario que la Constitucion del '80 le
asigno.
No hay diferencia
fundamental entre el sistema que nosotros combatimos en los
'80 y el que los universitarios de hoy rechazan, independientemente
de que las platas que antes se devolvian nunca se sabia donde
iban a parar, ya que retornaban a la casa de estudios como
un todo, pudiendo con ello pagarse deudas institucionales,
el agua, la luz, el telefono o, peor aun, a malos negocios
de las universidades y hoy, luego de la reforma que hemos
aprobado hace pocos meses, sabemos que el credito recuperado
ira, efectivamente, para generar mas credito.
En este tiempo, al igual que hace mas de 20 años, el
tema del autofinanciamiento sigue estando en el centro del
debate. Hoy sigue pareciendo tan lejano como entonces alcanzarlo.
Especialmente si para ello, las universidades deben crear
centros de estudios y desarrollar asesorias externas como
las prestadas por la Universidad de Chile al MOP y que estan
siendo investigadas por la justicia en torno al caso Gate.
Ciertamente el tema de fondo que subyace a este debate sobre
financiamiento universitario, es el sentido y la mision de
nuestro sistema educacional en su conjunto. Algunos paises
desarrollados tienen solo 9 años de enseñanza
obligatoria, porque existe un sistema educacional y tributario
que permite una diversidad de oferta que no es solo universitaria,
sino tambien tecnica, que permite una vida digna.
Nosotros tenemos ahora 12 años de escolaridad obligatoria:
¿sigue, entonces, siendo el unico camino para acceder
a una vida decente y con aceptacion social la Universidad?,
por ahora parece que si. Mientras nuestro pais tenga esa orientacion,
casi sin alternativas -pero que seguramente el futuro nos
obligara modificar- lo que corresponde es cumplir el compromiso,
la deuda contraida no solo ante los estudiantes sino ante
la conciencia de millones de chilenos, que ningun estudiante
quedara fuera de la universidad por problemas economicos.
La historia nos obliga.
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