| En relación a los recientes acuerdos adoptados por los principales centros de estudios ligados a la Concertación de Partidos Políticos por la Democracia de conformar una Comisión Constituyente destinada a la elaboración de una nueva Constitución Política del Estado que reemplace a la actual y logre resolver así el permanente fracaso concertacionista de reformar la Constitución Política de los ochenta. No podemos dejar de celebrar la idea de buscar a través de otros medios resolver el problema constitucional. Pero, como es habitual en el comportamiento político de los sectores concertacionistas en vez de abrir el debate a la ciudadanía lo cierran y lo elitizan. La idea de conformar una Comisión Constituyente integrada por unos cuantos personajes elegidos a dedo por los propios partidos políticos concertacionistas es: impresentable, grotesca y antidemocrática.
|
|
|
Se ha sostenido que la Constitución Política de 1925 fue elaborada por una Comisión Constituyente, en realidad, ella fue elaborada por un Comité integrado por 15 personas nombradas directamente por el presidente Arturo Alessandri Palma. El propio presidente Alessandri y dos de sus ministros integraron el Comité, o sea, el poder constituido intervino en la redacción de la Constitución, lo cual es una aberración política, pues el poder constituyente debe ser autónomo e independiente del poder constituido. Y, la Comisión Constituyente nunca ejerció ni tuvo el poder constituyente, sólo fue una Comisión Consultiva la cual bajo presión del poder militar termino aceptando la imposición de la Constitución elaborada por Alessandri y sus ministros. De manera que la idea concertacionista es insuficiente y escasamente democrática.
Por esa razón, la única posibilidad real de avanzar en la resolución del problema constitucional es plantearse, no cómo última instancia, la convocatoria de una asamblea nacional constituyente. De allí, que es oportuno volver a dar conocer a la opinión publica ciudadana este artículo escrito hace ya un tiempo, pero que de ninguna manera a perdido vigencia política.
Frente a la demanda de una Asamblea Constituyente muchos actores sociales, políticos como los propios ciudadanos y ciudadanas se muestran desconfiados y, sobre todo, escépticos. La experiencia histórica enseña que cada vez que la ciudadanía nacional se ha movilizado exigiendo la conformación de una Asamblea Constituyente, ésta ha sido escamoteada por el poder constituido, ya sea, civil o militar. No vamos aquí ha reseñar cada una de esas ocasiones, pero digamos que ellas han estado presente desde los albores mismos de la República. El más reciente movimiento pro Asamblea Constituyente que se gesto y desarrollo a comienzos de la década de los '80 terminó institucionalizado, por obra y gracia de los partidos políticos concertacionistas, en la espurea Constitución de 1980 impuesta por el poder militar. Por tanto, la ciudadanía que goza de buena memoria histórica se muestra recelosa de una idea nueva de pura vieja como es la pensar en la convocatoria de una asamblea constituyente.
Pero cabe señalar también que la idea de conformar un gran movimiento ciudadano por una asamblea constituyente ha sido política e históricamente un fantasma que de tanto en tanto recorre la sociedad chilena amenazando a los poderes constituidos. Especialmente, porque ha sido siempre un movimiento subterráneo y subversivo que surge desde la ciudadanía, quién reclama para sí el ejercicio soberano del poder constituyente. Por esa razón, ha sido permanentemente negado, perseguido, acallado y escamoteado por el poder establecido. Este muchas veces se ha transformado asimismo en un espureo poder constituyente para birlar el poder soberano ciudadano. Como ocurrió en la década de los veinte cuando el contubernio entre el Presidente Arturo Alessandri Palma y los militares rechazaron y desecharon la potente voz ciudadana que demandaba la convocatoria de la Asamblea Constituyente, traicionando de esa forma, el compromiso que tanto Alessandri como los propios militares habían realizado a la ciudadanía.
Por eso, Chile tiene el triste record de ser el único país de América Latina en el cual su ciudadanía nunca en forma libre, inclusiva, democrática y participativa ha generado una Constitución Política. Las que han existido han sido impuestas y dictadas por el poder presidencial apoyado en el poder militar. Un record que de ninguna nos debiera hacernos sentir orgullosos.
Con todo la pregunta de fondo que debemos plantearnos aquí es la siguiente: ¿es posible construir un movimiento ciudadano por una asamblea constituyente hoy en Chile?
En realidad como diría el viejo maestro de Treveris, hoy en la sociedad chilena están dadas las condiciones objetivas materiales y políticas como también las subjetivas para la conformación de dicho movimiento. Sin entrar en mucho detalle digamos que el fracaso político rotundo del modelo de democracia avalado por la Concertación como por la Alianza por Chile, después de 12 años de establecido tiene a poco menos del 50% de la ciudadanía nacional alejados completamente de la política democrática, con altísimos niveles de desconfianza ciudadana para con sus representantes y autoridades políticas. Situación que puede ser sintetizada en un frase dramática pero reveladora del sentir y del pensar de la ciudadanía nacional, dicha por un joven estudiante hace algunos días en relación a la situación política que vive el país, a raíz de los escándalos de corrupción política en que se han visto envueltos autoridades y representantes públicos. El joven estudiante señalo : “antes estabamos gobernados por asesinos, ahora por ladrones” .
A mi entender esta frase es fuertemente indicativa de que las condiciones objetivas y subjetivas están dadas para la conformación de un gran movimiento ciudadano para llevar a cabo, aquello que era muy propio de los movimientos sociales populares de comienzos del siglo XX, una completa “regeneración” de la sociedad chilena, a través de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
La tarea no es fácil. Pero existen distintos caminos posibles que se pueden tomar para conseguir tal objetivo. Quisiera compartir con los lectores de este medio de comunicación la siguiente experiencia histórica y política de como un movimiento cívico logró convocar una Asamblea Constituyente y darse una Constitución Política generada en forma democrática con la participación activa de todos los ciudadanos democráticos del país.
Me refiero al “movimiento por la séptima papeleta” organizado por estudiantes universitarios colombianos que condujo al país a convocar la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Dicho foro constituyente se entregó a la tarea de diseñar democraticamente una nueva carta política para Colombia. Nos interesa aquí resaltar, esencialmente, la forma como la ciudadanía colombiana a través del citado movimiento obligó al poder político constituido a aceptar la demanda de convocar a una asamblea constituyente. Pienso que en esa forma de acción colectiva conforma un buen ejemplo a seguir para por lo menos instalar claramente la voz de los sin voz en el espacio público, hoy monopolizado por la decadente clase política nacional.
La Asamblea Constituyente de 1991 fue el punto culminante de un largo y accidentado proceso político cuya finalidad era el logro de una solución duradera, a una no menos, larga crisis política que afectaba al sistema político colombiano. Que se expresaba básicamente dos dimensiones, por un lado, en la crisis de legitimidad política del régimen político que se reflejaba a través del creciente desinterés ciudadano en los partidos políticos, en la apatía política, en la alta abstención electoral y, sobre todo, en la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones políticas y en sus representantes y autoridades.
En segundo lugar, la crisis se manifestaba a través de una descomposición social cada vez mayor. Tal descomposición se veía en la profusión de una violencia multifacética –delincuencia común, violencia guerrillera, la violencia del estado, la violencia paramilitar y en las fuerzas de “autodefensa” y la violencia del narcotráfico. Además de constantes actos de corrupción política que involucraban a casi todos los estamentos dirigenciales del estado colombiano como a importantes instituciones de la sociedad civil.
Frente a esta crisis política y social desde 1978 a 1990 los diversos gobiernos colombianos intentaron distintas soluciones. Todas las cuales por diversas causas, razones y circunstancias fracasaron. Estos constantes fracasos agudizaron la conciencia de crisis en la ciudadanía. La evidente incapacidad de la clase política de enfrentar adecuadamente la crisis política, creó las estructuras oportunidades políticas para que surgiera un movimiento estudiantil, que, a pesar de su desarticulación, promovió con éxito la idea de introducir profundas reformas a la carta constitucional vigente por la vía extraordinaria de una asamblea nacional constituyente.
Sus esfuerzos encontraron eco en grandes sectores de la sociedad civil y se concretaron en la propuesta de la “séptima papeleta”. Esta propuesta consistía que cada elector depositara en las urnas con ocasión de una elección una papeleta (voto) en la cual demandaba la convocatoria de una asamblea constituyente. Así lo hicieron dos millones de ciudadanos y ciudadanas colombianas en las elecciones municipales de marzo de 1990.
Esta demanda se hizo “oficial” cuando en las elecciones presidenciales de mayo de ese mismo año se contabilizaron 5.236.863 votos a favor de la posibilidad de convocar la asamblea constituyente. Esa cifra representaba al 86.6% de los electores. Un grito ciudadano tan potente como ese fue, finalmente, escuchado. El presidente-electo César Gaviria Trujillo, llegó un pacto político con los diversos actores políticos relevantes de la sociedad colombiana incluido el movimiento guerrillero M-19 para la convocatoria de una asamblea nacional constituyente.
El 9 de diciembre de 1990, 10 meses más tarde de la acción colectiva ciudadana estudiantil, se realizaron las elecciones para la integración del cuerpo constituyente. Con la conformación de la primera Asamblea Nacional Constituyente popularmente elegida en la historia política de Colombia, todo quedaba listo para dar un nuevo intento de resolver la crisis política colombiana a través de un pacto político constitucional sin precedentes. Que lo haya conseguido o no es materia de otro análisis. Por lo pronto, quiero destacar los siguientes aspectos.
Primero, el movimiento impulsado por los estudiantes fue una acción política colectiva de carácter pacífico y cívico. Segundo, utilizó el principal mecanismo de las democracias, el voto. Tercero, sin desvirtuar los objetivos y fines de los procesos electorales, los electores hicieron sentir su voz. Todos estos aspectos podrían, perfectamente, ser utilizados por los ciudadanos y ciudadanas nacionales para exigir la convocatoria a una asamblea nacional constituyente.
Los mexicanos tienen un grito para alentar a su selección de fútbol que asiste en forma permanente a los mundiales de ese deporte, que es “¡¡si se puede!!, ¡¡si se puede!!”, sobre todo cuando deben enfrentar a selecciones de mayor nivel futbolístico que ellos. Y, muchas veces han podido vencer a poderosos rivales, como a Brasil en su monumental estadio azteca. Pienso que dadas las condiciones políticas existentes en el país “¡¡si se puede!!” comenzar a trabajar en la construcción de un movimiento ciudadano que demande la convocatoria a una asamblea nacional constituyente.
Para hacer oír la voz ciudadana solicitando la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente debiéramos aprovechar las próximas elecciones municipales (octubre 2004) y presidenciales-parlamentarias del 2005. ¿De qué manera? Simple, muy simple, sigamos el ejemplo colombiano cuando los ciudadanos y las ciudadanas concurramos a votar, escribamos en nuestra papeleta: Asamblea Constituyente. Tan simple: Votemos por una Asamblea Nacional Constituyente. Así evitaremos el uso electoral y elitista de la Concertación de la cuestión constitucional.
