30 años de políticas culturales: Los legados del autoritarismo.
Rodrigo A. Henríquez Moya
Licenciado en Historia, Universidad de Chile, y Licenciado en Ciencia Política, Pontifica Universidad Católica de Chile.
01 de Agosto de 2003

Punto de fuga

La cultura, entendida como la manera que elijamos para vivir juntos, tiene un rol fundamental en el fortalecimiento el desarrollo humano de un país, del mismo modo que la tienen las creencias y los valores, pues éstos, proporcionan la base para la sensación de cohesión social necesaria tanto para cooperar y enriquecerse mutuamente como para ampliar las opciones y aspiraciones de individuales sus habitantes.

Si nuestro país aspira a constituirse en un país moderno y a acercarse al nivel de las naciones desarrolladas en las próximas décadas deberá enfrentar uno de los principales desafíos de estos tiempos: ocuparse de su desarrollo cultural.

En la actualidad para atender al bienestar de una nación se hace necesario mirarla desde su nivel de Desarrollo Humano, entendido este como “aquel proceso por el cual la persona se hace sujeto y beneficiario efectivo de los cambios en curso”. El Desarrollo Humano considerado en esta línea debe “apuntar al fortalecimiento de las capacidades sociales para ampliar las opciones y oportunidades para las personas” De ahí la importancia de abordar la temática cultural en Chile pues en ella radica el hecho que cualquier perspectiva que tome como guía el Desarrollo Humano sólo se verá posibilitada en tanto exista una cultura que fortalezca las capacidades individuales y colectivas para la acción. (1)

En la actualidad la imagen colectiva de “Nosotros”, en la cual nos reconocemos como miembros y participes de una nación, herederos de un pasado y forjadores de un proyecto común, se encuentra debilitada, según lo últimas investigaciones y reflexiones realizadas sobre este tema. El Informe sobre Desarrollo Humano en Chile 2002 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala en este sentido que la imagen de lo chileno se ha vuelto difusa y poco creíble para la mayoría de las personas, agregando que:
“Junto con ello se ha debilitado el sentido de pertenencia a Chile. La sociedad chilena no parece disponer hoy de una imagen de sí misma que le permita ser sujeto. A ello contribuye una imagen conflictiva de su pasado y un diseño débil de su futuro.” (2)

Las sociedades crean una imagen de sí mismas, la cual porta los valores e ideales de una convivencia nacional que refleja a su vez toda la diversidad de identidades que hay en su interior, imagen que se encuentran en un proceso constante de cambio y continuidad, de herencia y renovación, en definitiva de transformación constante.

El hecho de no tener una imagen fuerte de “Nosotros” nos plantea un problema y un desafío para el futuro de nuestra convivencia y bienestar nacional. Es así como se ha hecho necesario mirarnos como país ya no sólo desde los indicadores de crecimiento económico como lo fue hace poco tiempo atrás. Los continuos y vertiginosos cambios que ha sufrido el planeta dan cuenta de que los parámetros con los cuales medimos u observamos a las sociedades no se agotan con el progreso material apreciado en cifras, como el producto geográfico bruto, el ingreso per cápita de sus habitantes o el nivel de desarrollo industrial que muestra una nación. Hoy esos indicadores no bastan para responder a preguntas de la magnitud de ¿quiénes somos? ¿de donde venimos? o ¿para donde vamos?.

Para lograr responder estas interrogantes es donde debemos acudir a la cultura, pues ésta tiene un rol esencial en tanto pieza constitutiva del Desarrollo Humano de una nación. De ahí su importancia.

Cuando hablamos de políticas culturales, lo haremos desde una perspectiva contemporánea y particular de las políticas públicas, entendidas como: “Cursos de acción o flujos de información relativos a un objetivo público. Estos son desarrollados por el sector público con la frecuente participación de la comunidad o el sector privado. Las políticas pueden incluir orientaciones o mecanismos, así como aspectos institucionales” (3)

Al pensar en un objeto público como la cultura se hace necesario distinguir dos ámbitos de este término. Primero, encontramos una concepción microsocial cotidiana (4) y luego, otra macrosocial y pública, de la cual trataremos en esta exposición. Esta otra noción que vamos a diferenciar será aquella que comprende dimensiones públicas, en donde están insertos los procesos institucionales, agentes especializados y profesionales de la cultura (5). Por tanto, la cultura será restringido en esta ocasión al conjunto de actividades creativas y artísticas de una sociedad, en todas sus áreas, industrias, niveles y formas de expresión (6).

Las políticas culturales, en este sentido se definirán como aquellas que intervienen en forma explícita y directa en este ámbito. J. J. Brunner las específica como: “Intentos de intervención deliberada, con los medios apropiados, en la esfera de constitución pública, macrosocial e institucional de la cultura, con el fin de obtener efectos buscados. Son, por lo general, formas de intervención que tienden a operar sobre el nivel organizacional de la cultura; preparación y carrera de los agentes, distribución y organización de los medios, renovación de los medios, formas institucionales de la producción y circulación de bienes simbólicos, etc.” (7)

Lo que se fue
La tendencia de las políticas culturales (1964- 1973)

Las transformaciones sociales y económicas vividas en Chile en la segunda mitad del siglo pasado provocó que a mediados de la década de 1960 el Estado volviera a asumir la responsabilidad que en el ámbito cultural le cabría y que había delegado en el período anterior en las universidades estatales y públicas.

El Estado debió hacerse cargo de una expansión en las demandas sociales incluyendo las culturales. Esta ampliación reorientó el concepto de cultura e hizo que el Estado durante este período fijará sus políticas fundamentalmente hacia la democratización del campo cultural, permitiendo la incorporación a la vida cultural de otras formas de creación, como la cultura de masas y la cultura popular, hacia otros sectores de la sociedad que habían permanecido marginados de la cultura, como fue el caso de los sectores populares y rurales. De este modo la política cultural del gobierno demócrata cristiano estuvo fuertemente asociada a su programa de Promoción Popular que apuntaba especialmente a los sectores marginales urbanos, a quienes dignificó como personas y pretendió sacar de esta condición por medio de su organización en diferentes asociaciones de base destinadas a desarrollar su capacidad de resolución, logrando de este modo, importantes esfuerzos hacia una efectiva democratización de la cultura toda vez que fomentó con éxito la formación de diversos grupos artísticos comunitarios que participaron del proceso de creación cultural. (8)

La intención de acercar la cultura a las masas se hizo, en definitiva, extensiva a todo el período 1964-1973. A modo de ejemplo se puede mencionarla labor realizada por la editorial estatal Quimantú, junto con las demás iniciativas tratadas en la investigación de paula Cruz y María Magdalena Peréz, las que permiten afirmar que, durante esta etapa el Estado manifestó una considerable inquietud por hacer real el proceso de democratización cultural, propósito que significó una profunda transformación en la con figuración de las políticas públicas hacia esta materia.

El gobierno de Salvador Allende de igual forma, participó de la modalidad de crear nuevas instituciones que tuvieran entre sus funciones la democratización de la cultura. Es así como ocurrió con la reorientación que en su accionar cultural presentó el Departamento de Cultura y Publicaciones del Ministerio de Educación durante el período 1964-1973, donde si bien continuó con su tradicional función de extensión, dio un mayor énfasis a su labor de promotor de la creación artística comunitaria. Es así, como durante estos años los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossens, el departamento procuró aplicar una activa política de acción cultural, dentro y fuera del campo de la enseñanza, con el propósito decidido de extender la acción del Estado en este ámbito a vastos conglomerados urbanos y campesinos.

El gobierno de la Unidad Popular (1970-1973) influenciado por corrientes marxistas y del humanismo socialista, concibió al hombre nuevo como el gestador de los cambios necesarios para construir la vía chilena al socialismo. En este contexto la cultura sería la llamada a formar a este nuevo hombre exaltando al trabajo como él más alto valor, la fraternidad frente al individualismo y la cultura nacional frente al imperialismo cultural. Sin embargo, el debate en torno a que política adoptar fue dilatado en parte por la contingencia, en parte por la desconcertación en los objetivos finales. Pese a que el diagnóstico era más menos compartido por los actores culturales adeptos al Unidad Popular, no se tenía claro la vía a seguir, como lo expresa un texto de la época: “no podemos partir utilizando una cierta imagen mecanicista de situaciones dadas en otros países, en que una cultura burguesa, ideológicamente orgánica ha estado oprimiendo a una cultura popular (9).Me parece más bien que entre nosotros se da el caso de que la burguesía ha frustrado el nacimiento de una cultura nacional y popular” . En un contexto ideológico y social de lucha de clases, la cultura debía cumplir los fines del proyecto socialista del gobierno, por tanto el concepto de cultura era absorbido (con ajustes criollos, claro) por lo político. Por ello, si bien se mantuvo el diagnóstico de la necesidad de hacer participes a los sectores antes excluidos en la cultura, se insinuaba ir más lejos y aprovechar las políticas culturales para la socialización política: “No solamente se trata de democratizar y hacer accesible el conocimiento y goce de las producciones culturales, sino también de hacer posible que nuestro pueblo se exprese culturalmente ... A la vez, y mediante la confección mensajes culturales apropiados, hechos con participación colectiva, se de be trabajar en el sentido de la formación una ‘conciencia de nuestro ser’ “ (10). La tendencia de la época apuntaba ya no sólo a democratizar la cultura sino a reproducir mensajes y “visiones de mundo” derivadas del proyecto político en marcha.

En este camino, llegó el golpe de Estado de 1973, dando término a la vía chilena al socialismo, desplazando esta corriente democratizadora impulsada en la década de los sesenta, en donde el destinatario natural de los mensajes culturales fueron los grupos populares de la sociedad, antes excluidos. Fue el adiós a un modelo de política cultural, pero también la despedida de una forma de Estado, un forma de ver la política y una manera de construir imaginarios colectivos.

Lo que llegó
Políticas e Institucionalidad Cultural en el Régimen Militar.

De las pocas pero consistentes publicaciones existentes sobre políticas culturales en este período se puede concluir que en ningún caso hubo una política desde el Gobierno sino diversas acciones estatales al respecto(11). Cuando nos referimos a una política es en el sentido de una línea de acción pública, explícita, coherente y consistente en el tiempo.

Por el contrario, encontramos varias actividades e intervenciones gubernamentales que directa o indirectamente afectaron al campo cultural, en la medida que el proceso refundador y modernizante por el régimen militar se fue imponiendo.

Una señal inequívoca del carácter segregado de la acción gubernamental en materia cultural es la carencia de una institucionalidad para estos efectos, que se proyecta hasta la fecha. Esta ausencia se presenta doble en cuanto al concepto de institucionalidad, pues no hubo ni una institucionalidad orgánica ni una normativa. Vale decir, a nivel orgánico no hubo un “conjunto de estructuras y aparatos organizacionales de los que dispone el Estado en la esfera cultural” (12), a cuya definición agregaríamos “y que dispone también la sociedad civil y el sector privado” según la definición de política pública que entregamos. Esta carencia generó un círculo vicioso en cuanto no hubo una política desde el gobierno que condujera hacia el establecimiento de una institucionalidad cultural y a su vez no existió una institucionalidad que sirviera de columna coordinadora y orientadora a una política cultural.

Lo que se constata, en cambio, es una serie de reparticiones estatales que llevaron a cabo acciones en materia cultural más no en forma orgánica, estructurada, planificada ni coordinada. A sí mismo la ausencia de una normativa cultural global a provocado un importante subdesarrollo cultural que se revela en la existencia de una “multiplicidad dispersa y sobrepuesta de leyes y reglamentos, a veces contradictoria entre sí, otras veces sumamente atrasada, con grandes vacíos o campos sin cubrir o con regulaciones que no guardan relación con el desarrollo cultural del país y del mundo” (13).

Por otra parte en este período no hubo tampoco un cuerpo que asesorará de manera permanente en el tiempo al poder legislativo en la elaboración de normativas en esta materia, y que de algún modo recogiera las distintas visiones o posturas sobre la materia (14).

La inexistencia de “una” política y la presencia de una diversidad de políticas culturales, a veces coherentes, consensuadas y otras muchas contradictorias entre ellas, se debería a la presencia de un bloque dominante, excluyente, y compuesto por diversas “visiones de mundo” en su interior, que no se constituyen como un cuerpo homogéneo ni acabado debido a las pugnas ideológicas entre grupos internos del bloque dominante (15). Estas políticas muestran, por tanto, una clara reproducción ya sea de las discusiones y contradicciones que se dieron al interior del bloque dominante como de los ritmos y trayectoria que siguió el mismo régimen militar. Es decir, en la constitución del referente sectorial que guiaron las políticas culturales en este período hubo distintas visiones de mundo por parte de los actores que intervinieron en ellas y que a grosso modo correspondía implícitamente al referente global de la Dictadura.

Entre los discursos y racionalidades que atravesaron las políticas culturales oficiales los sociológos y Anny Rivera Ottenberger y Carlos Catalán coinciden en destacar fundamentalmente dos vertientes fundamentales que pasamos a detallar, junto a algunas consecuencias en las políticas culturales:

1) La concepción fundacional - nacionalista que en los primeros años del régimen presidirá un proyecto cultural de sesgo totalizador y militantemente autoritario.

Sus promotores son militares y grupos civiles nacionalistas. En esta concepción se agregan otras tres nociones como son la de la Doctrina de Seguridad Nacional, el pensamiento tradicionalista católico y el nacionalismo cultural.
Esta concepción define cultura como “la forma de una nación”. La cultura es lo que hace distinguir a una nación de otra, otorgándole los perfiles que la configuran nítidamente y la diferencia de las demás. La cultura bajo este prisma tiene como objetivo primordial:
“La defensa, desarrollo y acrecimiento de la tradición y la cultura que nos es propia, la difusión de sus principios y valores básicos, así como definir y crear conciencia activa del ‘deber ser nacional’ constituyen, a nuestro juicio, objetivos fundamentales que será menester alcanzar” (16)

Este discurso tuvo como sujetos y referentes principales al Estado, la Nación y la Seguridad Nacional, lo que explica en gran parte su predominio en la primera fase donde este discurso adquirió rasgos totalizantes (hasta 1976) y luego disminuyera su influencia con las reformas hechas de acuerdos a los principios neoliberales.

Esta definición de cultura consiguió mayores adeptos entre los sectores que participaron en la organicidad de movilización social que implementó el General Pinochet (CEMA Chile, secretarías de la Juventud, de la Mujer, de los Gremios, etc.).

2) Las concepciones adscritas al circuito de la alta cultura, caracterizadas por una consideración conservadora, elitaria e ilustrada de la cultura.

Ésta contiene elementos claramente excluyentes y “elitistas” y proviene de una visón del mundo artístico - cultural de los estratos socioeconómicos altos. Acá se ve a la cultura desligada de la contingencia económica, política o social. El acceso a ésta se encuentra reservado a un grupo selecto de individuos, que por sus cualidades espirituales, de sensibilidad o talento, son capaces de crear y gozar del arte. Cultura se hace equivalente a “cultura superior” y la “cultura de masas” es mirada con degradación, siendo la cultura popular en el mejor de los casos considerada manifestaciones ingenuas y auténticas.

Este tipo de discurso conservador tuvo plena vigencia durante el siglo XIX y hasta la década del cuarenta del siglo pasado cuando comenzaron a irrumpir tendencias más democratizadoras en las políticas culturales. Es por esto que a diferencia del énfasis fundacional del discurso que vimos recién, este se plantea como “una voluntad restauradora del viejo orden cultural de la primara mitad del siglo, aunque remozada y en consonancia a las nuevas circunstancias” (17).

Según Catalán este discurso ganó mayor fuerza en la fase de auge del nuevo modelo económico (1977-1980) porque en cierto aspecto había una afinidad con el discurso neoliberal, ya que en el contexto donde se desarrollaron las políticas de mercado (prosperidad generalizada, incremento de los excedentes de los sectores dominantes, acentuada estratificación, y profundización de los rituales elitarios) resultó funcional para este tipo de racionalidad, que porta una visión en extremo selectiva de la cultura. (18)

A este discurso y en esta fase adhirieron importantes actores y organismos del campo cultural como el Mercurio, intelectuales y políticos de la derecha tradicional, El Teatro Municipal, las nuevas Corporaciones Culturales de las Municipalidades con mayores recursos económicos y el Departamento de Extensión Cultural del Ministerio de Educación en un principio, ya que más tarde el discurso adopta matices más abiertos en una línea de extensión y difusión.

En la primera fase de este discurso que se aprecia como más excluyente y selectivo coincide con una reticencia a elaborar “una política cultural” pues este referente ve a la cultura como un reducto selecto e improgramable del espíritu, que no puede planificarse a través de políticas. Detrás de esto hay una retórica y práctica que legitiman una apropiación desigual de los bienes culturales (19).

Por otro lado este discurso toma distancia del nacionalista, en el sentido que mientras este último apela a buscar los valores en nuestras raíces (hispanas criollas, y republicanas) esta visión de la alta cultura privilegia el valor de las obras, entendidas como patrimonio cultural, que transmite un mensaje ideológico – estético de validez universal, por tanto se valora formalmente lo simbólico de la producción cultural europea. Es por esta razón que se privilegian y se difunden obras clásicas universales, en desmedro de tendencias vanguardistas y experimentales, del mismo modo con respecto a lo latinoamericano o amerindio que es dejado a un margen, y sobretodo con respecto a la cultura popular ante lo cual este discurso se muestra absolutamente ocluida. (20)

En el trabajo de Anny Rivera, la autora además introduce una sub - categoría de esta vertiente, que es una concepción de alta cultura ligada a la nueva “burguesía financiera”. Esta subvertiente se caracteriza por la tendencia a valorar la tradición y patrimonio cultural venido de Europa, y cuyos partidarios escasamente se inclinan por manifestaciones contemporáneas o de vanguardia. Esta versión financiera emergente hace evidente la condición del arte como bien transable, en tanto la promoción de su desarrollo debe contar con la intervención activa de la empresa privada por ello debe reconocerse el fin del beneficio económico, así como debe requerir de la eficacia empresarial, instaurando la “lógica de mercado” como principio válido de acción en el campo artístico, como lo expresará una activa personalidad del momento:

“...(es necesario) crear un régimen tributario que permita que las personas y empresas, dentro que ciertos límites, destinen recursos a actividades culturales. Actualmente, por falta de una ley que autorice, hay que hacerlo bajo el disfraz de la publicidad...” (21)

Estas limitadas concepciones de la cultura y el arte fueron traducidas a acciones concretas y programas específicos por parte de alguna de las múltiples instancias que desarrollaron actividades culturales al interior del Gobierno. De manera general se pueden clasificar estas políticas sobre cinco ejes centrales:

1) Política de exclusión y censura, de vertientes artístico - culturales y artistas que detentaban ideologías diversas a la oficial, así como de toda manifestación relacionada con el imaginario colectivo identificado con el gobierno de la Unidad Popular y de las corrientes ideológicas que la alimentaban. Bajo el principio de negación y exclusión, todas las racionalidades que confluyeron en el bloque dominante mostraron una férrea oposición a aquellas tendencias que, de distintos modos, buscaron impregnar el dominio de lo cultural de proyectos políticos de contenidos rupturistas Resultaría extensos enumerar las innumerables acciones gubernamentales a favor de la censura explícita o implícita y los efectos que tuvo el exilio y autoexilio sobre la producción artística nacional (22). A modo de ilustración, Jocelyn- Holt y Sofia Correa destacan en este tema, que la presencia en las salas de clases o en los canales de difusión masiva de las expresiones y mensajes aprobados por el régimen militar, contrastaba con la ausencia de todo cuanto divergiera de su política o restituyera un pasado relegado de la memoria pública por efecto de la violencia (23). El contenido de la televisión se caracterizó por la exclusión y omisión de cualquier contenido conflictivo para la propaganda del régimen, la televisión resultó el medio de comunicación más afectado por la supervigilancia del Ejecutivo, en atención a su poder para configurar la realidad y al alcance nacional de su cobertura. (24)

2) Una política de autofinanciamiento, vale decir, la inmersión de la actividad cultural-artística en la lógica de mercado como acción explícita y buscada. En el ámbito estatal esto se aprecia con la disminución de subvención que reciben los organismos ligados al aparato estatal, la derogación de leyes que protegían a ciertas actividades artísticas (25)y por el contrario el trato indiscriminado desde un punto de vista tributario (IVA) a productos como el libro. (26)

3) Una racionalidad sustentada en el sistema de industria cultural, asociada a un línea eminentemente recreativa, masiva y comercial de la producción cultural. Aunque no encontramos elaborado un discurso en forma explícita ni de modo programático, como si ocurrió a nivel de la política económica. Su legitimación viene dada por el contexto global de profundización capitalista llevada a cabo por el régimen y por los principales centros financieros. De los mismas ideas fuerzas ligadas a las lógicas de mercado que construyen el referente global autoritario se nutre la concepción de “industria cultural”. La cultura se entiende como un bien transable, similar a otros bienes, que para desarrollarse necesita de un manejo con criterios mercantiles y de eficiencia empresarial.

De esta manera deberían aplicarse y alcanzar la misma eficacia los mecanismos aplicados al libre mercado, lo cual significa prescindir de los subsidios estatales, generar autofinanciamiento y ojalá excedentes.

Esta lógica de industria cultural sería preferentemente favorable al circuito de los medios audiovisuales y a las áreas de producción masiva y estandarizada como la radio, la prensa, la industrial editorial y la televisión. (27)

4) Una política de descentralización, expresada en el fomento al desarrollo de organismos autónomos con nexos débiles con el aparato estatal, disgregándose y desvinculándose de una dirección central. Producto del proceso de descentralización impulsado por el gobierno desde 1977, se impulsa el desarrollo de organismos regionales y locales que debían fomentar actividades propias y desligadas del poder central, por ejemplo, a través de la creación de Corporaciones Culturales Municipales o en el caso de Instituciones de Educación Superior como la Universidad de Chile, transfiriendo sus sedes regionales y creando nuevas universidades estatales y privadas.

5) Políticas de democratización cultural. El Departamento de Extensión del Ministerio de Educación fue el principal promotor de esta política a través de la creación desde 1978 de diversos programas de extensión cultural como fue el “Teatro Itinerante”. La orientación general contenida en estos programas estuvo basada preferentemente en un modelo basado de “democratización cultural”, que buscaba llegar a la mayor cantidad de espectadores en el territorio nacional y de este modo formar nuevos públicos. (28)

Estos ejes a su vez tuvieron fundamento, y correspondencia por tanto, en el referente ideológico global sobre el cual se levantó la dictadura, donde predominó una política económica neoliberal, principalmente desde 1977, y un pluralismo limitado y excluyente durante toda la vida del régimen. En el Chile anterior a 1973, los diversos actores sociales canalizaron sus demandas e intereses a través de la política y los partidos políticos. Su existencia y permanencia no sólo fue un factor claves en el desarrollo institucional del país sino también aportaron a la constitución de identidades de los diversos actores sociales, transformándose en verdaderas comunidades o subculturas, “en el caso chileno se trataba de una sociedad civil débil, y de expresiones políticas fuertes, donde lo social y lo político tendían a confundirse” (29).

Con la instauración y consolidación del régimen militar y de un modelo económico neoliberal, sumado a los procesos de modernización a escala mundial que sufrió el Estado, esta matriz de acción socio-histórica fue desarticulada y sustituida por una nueva, cuya esencia es la base del actual contexto sociopolítico chileno.

Es así como el paso desde un eje político a un foco en lo económico influyó en la formulación de políticas públicas hacia la cultura. Se pretendió extender el trato economicista hacia este objeto público a nivel global, retirándole el rol dirigente al Estado en esta materia, dejándolo a la merced de las fuerzas del libre mercado, de la oferta y de la demanda, de la producción y del consumo.

Bajo los supuestos del libre mercado y de la racionalidad económica, el Estado cumplió en cultura un rol subsidiario como lo cumplió en otras áreas. Mientras el discurso de Pinochet hacia la cultura mostró un escaso interés en promover políticas en esa área, la acción cultural del régimen no desmiente esta apreciación, confirmado a su vez, por la exigua intención de elaborar una institucionalidad cultural, tanto normativa, como orgánica, sino sólo hacia el final del término del régimen, cuando se levantó una propuesta en este sentido a través del proyecto “Plan nacional de desarrollo cultural” (1988) elaborado por una comisión presidida por Germán Dominguez, jefe del Departamento de Extensión Cultural del MINEDUC, en el cual se proponía la creación de una serie de instituciones como un Ministerio de Cultura, un Instituto de Patrimonio Nacional, un Instituto Nacional de las Artes, el Instituto del Libro, así como la formación de un Fondo Nacional de la Cultura (FONDEC) (30).

Las acciones gubernamentales prosiguieron su marcha, sin lograr hegemonizarse del todo una vertiente ideológica. El proyecto nacionalista- fundacional fracasó en gran parte dado que, al considerar la intervención del Estado como elemento central de esta concepción de cultura, se tornaba una propuesta incoherente (al menos desde su modo de funcionamiento y financiamiento) con el nuevo carácter apenas subsidiario del Estado consagrado en la Constitución de 1980 y en las Modernizaciones, en una lógica similar a la de la política educacional. La lógica neoliberal aplicada a la cultura tampoco pudo predominar del todo, como si lo hicieron las políticas económicas, ya que el proceso de aplicación de esta lógica fue más lento debido en parte, a que los actores del campo cultural se mantuvieron mucho más reticentes a abandonar su forma de ver la cultura y la relación con el mercado y el estado, y en parte también, por la pérdida de prestigio que adquirió el neoliberalismo tras la fuerte crisis económica de 1981-1982, cuyos efectos se hicieron sentir en el seno mismo del régimen y que favoreció un ajuste en los equilibrios de poder entre el régimen y la oposición (31). Ya que la fe ciega en la política neoliberal aplicada al arte demoraría mucho más que lo que tardó en otros ámbitos, sólo quedaría desde 1982 la opción para la vertiente ligada a la “alta cultura” en su versión democratizadora como la más viable de ser aplicada en lo que quedaba de dictadura.

Como se puede apreciar, y de acuerdo a las distintas concepciones acerca de la cultura que disputaron la hegemonía durante la dictadura, vemos que las acciones oficiales reorganizaron el campo cultural imponiendo diversos criterios de dirección de acuerdo a estas visiones de mundo e intereses que existían en los núcleos de poder, descartando la participación de otros sectores y visiones de la sociedad otorgándole en definitiva a la acción cultural del régimen militar el carácter de autoritario, excluyente y carente de legitimidad.

Lo que quedó.
Las políticas culturales de los gobiernos de la Concertación.

Con la derrota del General Pinochet en el plebiscito de 1988 y la llegada a la presidencia de Patricio Aylwin, se dio un importante paso en nuestro país en la transición desde un régimen autoritario hacia uno democrático. Más allá de la discusión teórica a propósito de cuando acaba esta transición, este proceso se produjo sin una ruptura institucional, manteniendo la esencia de la Carta Fundamental de 1980, la estructura organizacional pre existente durante la Dictadura y algunas instituciones que reflejan hasta hoy parte del carácter del período anterior: los llamados “enclaves autoritarios”.

En este contexto, la misión fundamental del gobierno de Aylwin se concentró en alcanzar aceptables grados de gobernabilidad e iniciar la consolidación democrática (32). Por ello no resulta equivocado señalar que las políticas culturales en estos últimos trece años hayan apuntado hacer compatibles estas políticas con las características propias de un régimen democrático, en el cual sean reconocidos todos los individuos sin exclusión, respetando sus derechos humanos y su diversidad, entendiendo que “hacer cultura es afirmar la democracia como el cuadro normativo dentro del cual han legitimarse las experiencias e identidades colectivas” (33). Mientras el Régimen de Pinochet no elaboró una política cultural que se hiciera cargo de la integración y el diálogo entre los distintos actores de la sociedad, negando su pluralidad y diversidad, y buscando por el contrario una unidad inmutable, los Gobiernos de la Concertación de acuerdo a este diagnóstico “han llevado a cabo un proceso de reaprendizaje democrático, desafío que implica afirmar en todo momento, desde la acción pública, ciertos valores de la convivencia que fueron quebrantados con la experiencia autoritaria.” (34).

Por consiguiente, las líneas de acción de los gobiernos democráticos fueron primero en pos de recuperar la libertad de los creadores y el reconocimiento de la autonomía de la sociedad civil frente al Estado, para luego en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz – Tagle, colocar el énfasis en lograr mayor equidad en el acceso a la creación y el consumo de bienes culturales, manifestándose una tendencia acercarse a las llamadas políticas culturales de segunda generación (o políticas integrales) que sin excluir las artes y las letras, apuntan a todas las formas de creatividad social o comunitaria, vinculadas con el eje de la democracia y de la participación activa, articuladas a sus vez con el desarrollo. (35)

Estas líneas de acción emanan del espíritu y compromiso adquirido por parte de la Concertación antes de asumir el Gobierno de Aylwin, explicitados en los postulados sobre la cultura y las comunicaciones de las Bases Programáticas de esta coalición. En este documento se hacen explícitos “los principios orientadores de una cultura democrática, entendidos como fundamento y guía del pleno desarrollo de ésta en todos sus ámbitos ya que se requiere del mayor grado de libertad posible, de autonomía e independencia de todos los sectores de la sociedad para aspirar a una cultura verdaderamente democrática” (36). Los principios orientadores son: la Libertad, el acceso y participación a la cultura, la pluralidad, autonomía, diálogo y apertura y la protección del Patrimonio Cultural Nacional.

Estas políticas han estado dirigidas principalmente hacia cinco áreas (37):

a) Defensa del patrimonio y ampliación de la infraestructura cultural.
b) Regulación del mercado en aquellas áreas del campo cultural donde éste opera ineficientemente.
c) Apoyo directo a proyectos artístico – culturales según modalidades transparentes de asignación de recursos.
d) Nuevos mecanismos de financiamiento de la cultura que incentivan la participación de la empresa privada.
e) Incentivo a la apertura cultural hacia el exterior.

De acuerdo a estos ámbitos de acción se puede deducir que tres de ellos tienen alguna conexión con políticas culturales formuladas bajo el régimen autoritario ( b, c y d ). Esto queda más claro aún al revisar algunas políticas específicas.

Según el diagnóstico realizado por la Comisión Asesora Presidencial del gobierno de Eduardo Frei en 1997 (llamada comisión Ivelic) que a su vez recogía el análisis de la Comisión Garretón , la acción cultural de la concertación se podía resumir en las siguientes iniciativas (39):

- Apoyo a la creación, a través de fondos concursables (Libro y la Lectura y Fondart), Ley del Derecho de Autor y reforma a la Ley de Premios Nacionales. Se discuten legislaciones sobre otras áreas de la industria cultural (música, audiovisual).

- Apoyo a la industria cultural, especialmente a través de la Ley del Libro, que considera medidas de fomento de la lectura, reintegro por exportaciones, rebaja de impuestos a autores extranjeros publicados en Chile, medidas contra la reprografía ilegal y revalorización de stock; una política de créditos para la industria cinematográfica a través del Banco del Estado, que no tuvo los resultados esperados, y apoyo a pequeñas empresas a través de SERCOTEC.

- Estímulo a la participación privada en el financiamiento cultural, a través de la Ley 18.985, de Donaciones Culturales, que contiene un artículo referido a rebajas de tributación en un 50% para las empresas que efectúen donaciones para actividades culturales.

- Estímulo a la descentralización, a través de la creación de Consejos Regionales de Arte y Cultura, discriminación positiva para proyectos regionales en Fondart, reordenamiento de la administración de museos y bibliotecas regionales. Se creó el Fondo de Apoyo a Iniciativas Culturales Regionales en el Ministerio Secretaría General de Gobierno y una nueva forma de operación del antiguo Teatro Itinerante, mediante concurso para seleccionar grupos independientes y realizando Talleres de Desarrollo Teatral en las Regiones

- Creación de espacios culturales, a través de la destinación de fondos para restaurar edificios patrimoniales. Aquí destaca la remodelación y restauración de la ex Estación Mapocho y la creación del Centro Cultural del mismo nombre. También el desarrollo de un área de infraestructura en el Fondart

- Modernización del área de Patrimonio, por la vía del estudio de una nueva legislación de Monumentos Nacionales y para la DIBAM.

Es decir, según lo anterior constatamos una continuidad de algunas políticas con respecto al régimen militar, especialmente en lo referido al apoyo directo a la creación artística, a través del mecanismo de fondos concursables, sólo que aumentando los recursos y mejorando el sistema de adjudicación a través de procedimientos más transparentes y plurales.

Del mismo modo el apoyo a la industria cultural le otorga un grado de reconocimiento a la importancia de este ítem, tanto al desarrollo económico como a la construcción de identidades, lo que consolida un concepto que ya se había considerado en el período anterior, aunque ligado a la cultura masiva y de entretención.

Otro legado claro de las políticas autoritarias para la concertación lo constituye el énfasis en el perfeccionamiento del estímulo a la participación privada en el financiamiento cultural por medio donaciones culturales a través un sistema de excenciones tributarias, lo que tiene correspondencia con una política de mecenazgo liberal, presente y fomentada ya en etapas tempranas del régimen militar.

Por último, el esfuerzo por descentralizar la actividad cultural constituye también un aspecto que tiene sus raíces como vimos en la Dictadura, aunque no alcanzado en plenitud sino hasta este año, cuando se promulgó la nueva ley que crea el Consejo Nacional de la Cultura y el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes.

La creación de este Consejo viene a reparar el último legado del autoritarismo: la ausencia de una Institucionalidad cultural. En honor a la verdad este es una legado histórico, que se arrastraba desde nuestro nacimiento como nación en el siglo XIX. Este Consejo que se define como un servicio público autónomo, descentralizado y territorialmente desconcentrado, tiene como misión apoyar el desarrollo de las artes y la difusión de la cultura; incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio cultural de la Nación y promover la participación de éstas en el vida cultural del país. (40)

De este modo, la promulgación de esta nueva ley viene a constituir la piedra fundamental de una nueva era en políticas culturales estatales, sustituyendo una carencia histórica en la materia, aportando de manera efectiva a las aspiraciones de descentralización trazadas por la dictadura. La falta hasta el día de hoy de una institucionalidad cultural tanto orgánica como normativa es también el reflejo del escasa preocupación de los distintos gobiernos para legislar sobre la materia. La carencia de un interlocutor válido por parte del campo cultural no se condice con la aspiración de una nación a constituirse como desarrollado. El régimen de Pinochet tuvo la oportunidad y el poder absoluto durante diecisiete de llevar a cabo cualquier proyecto para modernizar la institucionalidad cultural y crear una política cultural de Estado, como lo hizo en otras áreas, como la educación , la salud, las relaciones laborales y económicas. No lo hizo. No modernizó el campo cultural, ni lo democratizó, ni menos favoreció mecanismos de participación ciudadana en ese sentido, bajo el supuesto de que las reglas del mercado suplirían el rol que cumple una institucionalidad. Si bien el gobierno de Pinochet en la práctica pretendió dejar que la cultura se desarrollará casi en forma espontánea, encargándole su gestión a privados, tampoco creo una legislación ad hoc, moderna y eficaz, que posibilitara la participación eficaz y amplia de la empresa privada en el estímulo y desarrollo de la cultura y de las artes.

Sobre lo anterior, ahora pueden comenzar a surgir algunas preguntas del tipo: ¿Cual son las lecciones que nos dejó el autoritarismo para las políticas culturales en democracia?.

La principal de ellas, es que las políticas culturales no pueden ser responsabilidad exclusiva de ni del Estado, ni de un gobierno en particular, ni menos de la mano invisible del mercado. Lo es de la sociedad en su conjunto, incluyendo al sector privado, en una lógica de responsabilidad social empresarial, pues la cultura es de la incumbencia de todos y sus beneficios son el última instancia públicos. Las políticas culturales de la concertación han combinado un modelo de mecenazgo liberal, dado por el estímulo a la participación de los privados, con un modelo de democratización cultural, al orientar la acción al ofrecimiento de oportunidades para el acceso igualitario de la sociedad a los bienes cultural, en un contexto donde las nuevas condiciones de la creación culturales son dominados por las reglas del mercado, donde se manifiestan las poderosas dinámicas de la industria y del consumo cultural, por tanto las políticas de la concertación en esta materia, además de intentar conciliar la cultura con la democracia, han debido “asumir el marco fáctico que traza el mercado, al tiempo que debe compensar sus fallas” (41)

La segunda lección, es que las políticas culturales no pueden ser objeto de dirigismo estatal, decidiendo el contenido de las mismas o censurando algunas de ellas, ni menos usarse con fines propagandísticos por el gobierno de turno. La cultura no es el reducto exclusivo de quienes detentan el poder, sino estos deben servir de canal a las diversas manifestaciones de la ciudadanía, fomentando a la creación y la expresión en un marco de respeto mutuo y libre expresión.

Y una última lección general que nos deja este episodio es la preocupación que debemos tener por la legitimidad de las políticas culturales. Para ello, es necesario y deseable que en su formulación y ejecución deban y puedan concurrir todos los actores involucrados, fomentando el interés de participación de los mismos, para así dotarla de mayor autenticidad y legitimidad a la acción pública.

NOTAS:
(1) Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano en Chile, 2002. PNUD, Santiago, 2002. p.16
(2) ibid.
(3) Lahera, Eugenio. Introducción a las políticas públicas. Cepal Santiago, 1999.
(4) El llamado ámbito microsocial o cotidiano de la cultura, esta referida lo que observamos a diario, en donde el hombre actúa (o no) con todo lo que lo rodea, configurándose un “modo de vida” ya sea de una región, nación, pueblo o grupo social. Esta noción de cultura “cotidiana” no se refleja necesariamente en las políticas culturales, pues se trata de procesos forjados en un período de larga duración y cuyos cambios – a lo sumo- sólo se aprecian de una generación a otra. Pese a que admitimos que la Dictadura de Pinochet sí generó efectos en este ámbito cultural, nuestro trabajo apuntará más bien otro sentido de cultura. Esta distinción aparece ampliamente explicada en J.J. Brunner, “la mano visible y la mano invisible”. En: Un espejo trizado. Ensayo sobre cultura y políticas culturales. Flacso, Santiago, 1988
(5) Ibid. p265
(6) En esta exposición se abordarán principalmente los aspectos organizacionales de la cultura en la esfera de las actividades creativas y artísticas, desde el gobierno central. Aunque somos conscientes de que en este sentido del término cultura también debieran incluirse todo lo relativo al Patrimonio Cultural de una sociedad, así como el deporte y la recreación, las ciencias y tecnologías, sin embargo, los dejaremos fuera del análisis por razones metodológicas, ya que estas actividades tienen su propio campo e institucionalidad.
(7) ibid p. 269
(8) Paula Cruz V. y M. Magdalena Pérez Á. El Estado y la democratización de la cultura (1964 –1973). Memoria para optar al Título de Profesor de Historia y Geografía. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Santiago, 2002. Pp. 5-8
(9) Valdés, Hernán. “Ante la especulación y el divisionismo: por una política cultural comprometida”. En Enrique Lihn, et al. La cultura chilena en la vía chilena al socialismo. Editorial Universitaria. Santiago, 1971. p.76
(10) ibid. p.77-78.
(11) Nos referimos a los siguientes trabajos: Brunner, José Joaquín. Un espejo trizado : ensayos sobre cultura y políticas culturales. Santiago. FLACSO 1988; Catalán, Carlos y Munizaga, Giselle: Políticas culturales estatales bajo el autoritarismo en Chile. Santiago, Centro de Indagación y Expresión Cultural y Artística, 1986; Henríquez, Rodrigo. El Teatro Itinerante bajo Pinochet. Un estudio de caso sobre políticas culturales en Chile (1978-1990). Seminario de Grado Licenciatura en Ciencia Política. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 203; Rivera Ottenberger, Anny. Transformaciones culturales y movimiento artístico en el orden autoritario : Chile 1973-1982. Santiago, 1983.
(12) Garretón, M. “Estado y política cultural. Fundamentos de una nueva Institucionalidad”. En: Seminario sobre políticas culturales en Chile. División de Cultura, Ministerio de Educación . Santiago, 31 de julio – 1 de agosto.p.67
(13) ibid.
(14) El poder legislativo así como el ejecutivo estuvo concentrado en una primera etapa en la Junta Nacional de Gobierno. En 1975 se publicó el documento “Política Cultural del Gobierno de Chile” que establecía la creación mediante decreto ley del cargo de asesor cultural de la Junta de Gobierno, sin embargo, no contamos con registro de sus actividades y orientaciones, lo que indica una escasa presencia a lo largo del régimen militar.
(15) Véase Vergara, Pilar. Auge y caída del neoliberalismo en Chile. Flacso, Santiago, 1985.
(16) Asesoría cultural de la Junta de Gobierno, Departamento Cultural de la Secretaría General de Gobierno. Política cultural del Gobierno de Chile. Editorial Gabriela Mistral, Santiago, 1975.
(17) Catalán. op.cit. p. 14
(18) ibid.
(19) Ibid . p.16
(20) A modo de ejemplo El Diario La Nación, de propiedad estatal y bajo el control del Gobierno, obsequiaba semanalmente libros en su “Colección Literaria”. Entre treinta y tres títulos publicados durante 1985 se encontraban veintitrés de ellos correspondían a autores europeos clásicos.
(21) Declaraciones de Cesar Sepúlveda, Vicepresidente del grupo BHC, en entrevista a revista Cosas nº116, marzo 1981, citado en Rivera, Anny, op.cit.p.80
(22) Para ilustrar esto se puede señalar la dictación del Bando nº 107 (1977) que exigía la autorización previa para la publicación de libros, periódicos y revistas. Más tarde el artículo 24 transitorio de la Constitución de 1980 se podía aplicar a las obras publicadas que el Gobierno considere inapropiadas, inconvenientes o subversivas. También se encuentran los diversos toques de queda que ejercieron un fuerte efecto en las personas quienes podían ver vulnerados sus derechos, pudiendo ser privados de libertad con o sin una acusación formal, ser expulsados del territorio nacional, impedir el ingreso al país o ser despojados de su nacionalidad, como así allanar su domicilio o restringir la libertad de asociación.
(23) Correa, Sofia; Jocelyn – Holt, Alfredo; at al. Historia del Siglo XX chileno. Un balance paradojal. Editorial Universitaria, Santiago. 2001. Cap. XIII.
(24) Para el caso de políticas educacionales véase: Cox, Cristián: Políticas educacionales y principios culturales : Chile 1965-1985. CIDE, Santiago, 1986; Cox, Cristián. Propuestas Políticas y Demandas Sociales. Vol. I Educación. Flacso, Santiago, 1989. Magendzo, Abraham: Desarrollo de las normativas curriculares bajo el régimen militar (1973-1987) : un análisis crítico. Santiago, Chile [PIIE] 1988. En tanto que para políticas comunicacionales: Giselle Munizaga, Carlos Ochsenius. Políticas de comunicación bajo regímenes autoritarios: el caso de Chile. Clacso Buenos Aires 1983.
(25) Un claro ejemplo lo constituye la situación de los actores, cuando en 1980 el Ministerio del Trabajo abolió un Carnet Profesional que los facultaban para firmar contratos de trabajo y ser controlados en cuanto a sus desempeño profesional, gremial y ético por el Sindicato.
(26) A través del Ministerio de Educación y de acuerdo a una política liberal, el régimen aplicaba en forma discrecional un impuestos del 22% sobre los ingresos brutos a aquellas obras teatrales y espectáculos que no eran consideradas como “culturales”.
(27) La centralidad que ganan los medios audiovisuales al masificarse producen algunos efectos sobre otros circuitos culturales. La explosiva expansión de los televisores y radios en los hogares merma en cierto modo la asistencia a otro tipo de espectáculos, lo que produce una airada critica de sectores tan disímiles como los oficialistas y la oposición disidente que culpan a los medios audiovisuales y en particular a la televisión como los causantes del “apagón cultural”. Junto a este fenómeno, se critica también la creciente extranjerización de los contenidos televisivos. En efecto, la incipiente industria cultural nacional se transformó en una industria más de emisión que de producción, debido a que en la lógica mercantil opera los principios básicos del autofinanciamiento y la reducción de costos para aumentar las utilidades, por lo que producir programas a nivel local resultaba menos rentable que importarlos, aún más si la política económica era aperturista y los efectos de la crisis económica se hicieron sentir en todos los ámbitos.
(28) El contenido de estos programas reprodujo principalmente dos concepciones de la cultura que se aprecian también en el resto de la política gubernamental: una concepción fundacional –nacionalista (matices más, matices menos) y otra concepciones adscritas al circuito de la alta cultura, caracterizadas por una consideración conservadora, elitaria e ilustrada de la cultura. Para un análisis sobre estos programa ver Henríquez, Rodrigo. Op. cit. capítulos III y IV.
(29) Garretón, Manuel Antonio. La Faz sumergida del Iceberg. Estudios sobre la transformación cultural. Ediciones CESOC-LOM Ediciones, Santiago 1993. p.56
(30) Esto se plasmó en la elaboración del proyecto “Plan nacional de desarrollo cultural” (1988) por una comisión presidida por Germán Dominguez, jefe del Departamento de Extensión Cultural del MINEDUC, además de Carlos Riesco, Carlos Ruiz – Tagle, César Sepúlveda, Tomás Mac Hale, Hernán Rodriguez y Gonzalo Cienfuegos. Véase Henríquez, Rodrigo. Op. cit
(31) Véase Huneeus, Carlos. El régimen de Pinochet. Editorial Sudamericana, Santiago, 2002.; Moulían, Tomás. Chile Actual. Anatomía de un mito. Editorial LOM, Santiago, 1997
(32) Sobre este tema véase: Boeninger, Edgardo. Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad. Editorial Andrés Bello. Santiago, 1997.
(33) PNUD, 2002. p.181.
(34) Acuña, Katherina. Políticas culturales. Breve historia de la última década “1990-1999”. Tesis de grado, licenciatura en ciencias políticas y gestión pública. Universidad Central, Santiago. 1999.
(35) Subercaseux, Bernardo. “Políticas culturales, institucionalidad y democracia”. Presentado en Seminario “Cultura y Desarrollo”. Universidad de Chile. 16 –17, Noviembre, 1998, Santiago.
(36) Acuña, K. Op.cit. p.24
(37) Acuña, K. op. cit. pp- 47- 48.
(38) Esta Comisión Asesora de Cultura fue instituida en 1991 por el entonces ministro de Educación Ricardo Lagos a pedido del Presidente Aylwin. Coordinada por Manuel Antonio Garretón, convocó a un amplio espectro de tendencias y corrientes de pensamiento, así como diversas áreas de expresiones culturales para elaborar un diagnóstico y propuesta sobre una institucionalidad cultural chilena.
(39) Acuña. K. Op. cit pp. 42- 43.
(40) Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en : culturachile.cl
(41) PNUD, op.cit. pp 180-181.