Acerca de la “performance Avila” y (otras yerbas). Aprendizajes y propuestas para un futuro debate de drogas.
Por Christian Matus Madrid
Antropólogo, Universidad de Chile
02 de julio de 2003

1. Constatación de un cambio en la opinión pública respecto al tema drogas

No obstante formar parte de una estrategia comunicacional, que releva sus propios objetivos políticos, la propuesta del senador Avila deja entrever, a partir de todos los resultados de encuestas de opinión tanto escritas, como de Internet y televisión, la existencia de una gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas que no se sienten interpretados con la forma como se aborda desde el ámbito público, desde las políticas de Estado y desde los medios, la temática del consumo de drogas.

Son voces y planteamientos que no se encuentran representados ya que no existe discusión pública de estos temas, ya que maniqueamente se han articulado el Estado, los medios y entes privados como Paz Ciudadana, para construir “consenso social” acerca de la necesidad de combatir las drogas como parte de la agenda de “seguridad ciudadana”, alineando a nuestro país, en la “guerra contra las drogas” que propicia la DEA norteamericana. De este alineamiento, que se remonta a los inicios de la transición, nace una institucionalidad gubernamental que se sigue haciendo cargo del tema drogas desde una perspectiva de control social que da la espalda a la discusión y articulación de otras posibles propuestas, que considerando las prácticas ciudadanas se constituyan desde un enfoque distinto, como pueden ser un enfoque de salud y de derechos humanos.

En ese sentido, no deja de ser interesante el apoyo que generó en los espacios mediáticos de opinión pública la propuesta anti-prohibicionista de Avila. Tanto en chats como en las encuestas del periódico Ultimas Noticias como en la votación de El Termómetro una clara mayoría de personas cercana al sesenta por ciento se pronunció por una aceptación positiva de dicha propuesta, temática que consultada hace no más de un año y en pleno trámite de la nueva ley de drogas no concitaba un apoyo de la opinión pública tan contundente.

En síntesis, la polémica deja al desnudo la escasa sintonía entre las políticas y legislaciones que desarrolla la clase política y las prácticas e intereses de la gente. La inconsistencia del actual lenguaje político para dar cuenta de los temas cotidianos y de la cultura, acrecienta la brecha entre clase política y prácticas ciudadanas.

2. Un (posible) giro en la discusión: de la “guerra contra las drogas” hacia una “política de drogas justa y eficaz”

La “performance” de Avila, logra llamar la atención, en términos comunicacionales, reflejando la necesidad de un cambio en los ejes de discusión, que permite preguntarnos por la eficacia y efectividad que hoy tiene la política de guerra contra las drogas. Lo que plantea el senador no es parte sólo de un proceso de reflexión local sino de uno mucho más amplio. A través de todo el mundo, son miles de voces las que constatan que el sistema de prohibición global de las drogas está perdiendo credibilidad debido a que la producción ilegal de drogas, su comercio y consumo aumenta globalmente en vez de disminuir.

Al respecto vale la pena recordar que hace no pocos meses en nuestro país el tema de los costos y consecuencias de la “guerra contra las drogas” se vislumbró en el contexto del primer trámite de la promulgación de la nueva ley de drogas en el parlamento. En esa ocasión un conjunto de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la iglesia, al trabajo comunitario y el mundo de las organizaciones no gubernamentales, se alinearon para cuestionar y denunciar las notables vulneraciones a los derechos humanos de los niños, jóvenes y trabajadores del Estado, que consideraba el nuevo proyecto de ley que presentado en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero, en pleno estallido del caso de la Aerolínea Aero-Continente, avanzaba peligrosamente en su primer texto hacia una penalización del consumo confundiendo consumo con micro-tráfico a través de validar como argumento subjetivos y arbitrarios mecanismos de presunción.

En ese contexto cabe señalar el apoyo casi unánime de la mayoría de la Cámara de Diputados (incluyendo al ese entonces menos sensibilizado Diputado Avila) a dicha iniciativa planteada por el senador Orpis. En efecto, salvo dos excepciones (los diputados Bustos y Elgueta), la gran mayoría de los parlamentarios se manifestó partidario del texto que originalmente se quería promulgar.

3. Un desafío pendiente: incorporar perspectiva de sujeto y de salud a nuestro enfoque y política de drogas

No obstante el escenario de opinión pública ha cambiado, no basta con realizar sólo acciones comunicacionales, es necesario presionar desde la ciudadanía a parlamentarios, técnicos y tomadores de decisión a que se desarrolle una discusión de fondo sobre los soportes que fundamentan la actual política de drogas, develando que esta no contribuye a disminuir los riesgos y daños de la población sino que los acrecienta a partir de transar y permutar derechos y libertades individuales por cuotas de "seguridad ciudadana", consagrando una división social entre una mayoría que usa “drogas legales”, que discrimina a una minoría de usuarios de “drogas ilegales”. Es necesario denunciar, que la estigmatización, el encarcelamiento y la penalización de los jóvenes y adultos que consumen drogas, son formas extremas de exclusión social creadas por una política que no respeta la condición de sujetos y ciudadanos de los que consumen.

En efecto, para generar un cambio de los términos del debate se requiere incorporar la perspectiva del sujeto consumidor o usuario de drogas, implicando un cambio de lenguaje desde lo genérico estigmatizado, LA DROGA, a las drogas y sus diferentes efectos, sujetos y formas de consumo, lo que implica transformar los ejes y supuestos básicos de construcción de la política de drogas desde un enfoque de control social a uno de salud pública. Al respecto la misma OMS (Organización Mundial de la Salud) el referente más amplio respecto a salud, a nivel internacional, nos plantea la existencia de a lo menos tres categorías o formas de aproximarse al consumo de drogas: la experimental, la ocasional y la dependiente.

El posicionar un enfoque de salud implica también empoderar, dar prioridad a la libertad del ser humano, su capacidad de gobernarse y pensarse a sí mismo, dejando de lado juicios morales, para dar prioridad a la disminución de las consecuencias negativas del uso de drogas para sus usuarios, respetando la dignidad y los derechos de los que consumen drogas. El tema de las drogas no responde a una lógica binaria, de bien/mal, tan en boga en el escenario global post Torres Gemelas, no se trata de eliminar la droga, sino convivir con ella administrando y regulando los riesgos que involucra su uso.

4. Propiciar el debate y la participación ciudadana más allá de la espectacularización de los medios

Por último, es imposible generar un debate serio si se excluye a la ciudadanía de el. Una problemática cultural como la de drogas requiere admitir la existencia de voces y propuestas distintas, posicionadas desde los distintos lugares de sujeto que involucra el consumo de drogas.

Pareciera que en la discusión y generación de las políticas y propuestas que lo afectan, el ciudadano no tuviera “pito que tocar”, resignándose a ser un mudo espectador de la construcción de un orden de relaciones marcado por la estigmatización, el miedo y la sospecha de las prácticas del otro. Por un lado, los códigos comunicacionales predominantes, dificultan la instalación de puntos de vistas distintos más allá de la “estética espectacular”. En efecto, en nuestro contexto actual, toda propuesta alternativa de acción requiere de banalizarse para ser presentada como nueva, novedosa y así llamar la atención de los medios, generando una espectacularización de los temas que se quiere instalar. En ese sentido, la acción política de Ávila aprovecha los códigos de comunicación predominante, el lenguaje simbólico de los medios, para instalar un tema pero no genera y comunica una propuesta que aborde seriamente como hacer una política de drogas distinta, justa y eficaz, incluyente de la diversidad de prácticas sociales y respetuosa de los derechos individuales y colectivos de los y las ciudadanas.

Entre la satanización y estigmatización de toda noción de sujeto y de derechos, que genera una estrategia maniquea de “guerra contra las dorgas” y la estetización populista que reduce las prácticas a gustos y preferencias de masas representables tan sólo por un discurso simbólico, como el de la “plantita” de Avila, se quedan al medio observando, (nuevamente) los ciudadanos, un debate vacío que no se vincula a ejes temáticos substantivos y a una apertura de espacios de participación desde donde problematizar y plantear propuestas nuevas.

Ninguno de estos dos polos o formas de acción política, el autocrático-conservador dominante y el neo-populista establece puentes con la ciudadanía, sino que al contrario, impiden generar un debate serio y participativo, en donde se posicionen sin mediaciones ni manipulaciones, las voces de los actores locales involucrados en la práctica del consumo de drogas, como son los y las usuario/as de drogas, sus familias, las diferentes comunidades que se sienten afectadas por su uso y venta.

5. Otra política de drogas es posible…

Finalmente, no se trata de proponer, como lo plantea un segmento de economistas neoliberales, la legalización del mercado de las drogas ilegales. Si realmente queremos diseñar un cambio de escenario respecto a la política de drogas debemos estar preparados para la necesaria introducción de regímenes reguladores formales y legales para las drogas que queremos que dejen de estar prohibidas. Es necesario plantear entonces una propuesta que a partir de influir en las legislaciones nacionales y las Convenciones Internacionales se plantee como objetivo la “reforma de las políticas sobre drogas”.

En este sentido, no basta con implementar un debate ciudadano a nivel local si muchas de las herramientas para hacer avanzar el tema no se encuentran precisamente dentro de la legislación nacional. Como lo demuestra la experiencia de avance en la defensa de los derechos humanos a nivel mundial, para instalar una nueva agenda, es necesario que las estrategias de acción de la ciudadanía se articulen en una conjunción entre lo local y lo global. Un ejemplo de esto, concerniente al tema drogas, lo encontramos en la reciente movilización de la Coalición Internacional de ONG's para una Política de Drogas Justa y Eficaz (ICN). Esta coalición constituida por una red de ciudadanos y ciudadanas, expertos independientes, y organizaciones alternativas nacionales e internacionales, trata de convencer a los gobiernos nacionales sobre la ineficacia de la prohibición de las drogas, mostrando la evidencia de que existen mejores alternativas a la criminalización del consumo de drogas. Dicha red, reunida hace algunas semanas en Viena, propuso una reforma de la política del control de drogas de forma de integrar tanto las drogas legales e ilegales dentro de un “marco común de regulación para las drogas sin uso médico”.

Volviendo a nuestro contexto, nos parece deseable avanzar, acorde a nuestra experiencia social y cultural, hacia propuestas legislativas que tengan como marco ético-político, la justicia y la eficacia de una futura “política de drogas”. Una legislación justa, que respete de los derechos de los sujetos involucrados en el uso de drogas, promoviendo la despenalización y des-estigmatización de los y las consumidoras de drogas, su no criminalización y su educación en estrategias de reducción de riesgos y consumo responsable. Para esto, el generar una regulación desde un enfoque de salud -y no de represión- nos parece un primer paso clave, que debiera ser complementado por una noción de “penalización justa”, que no se concentre en el usuario sino en el que a partir de la venta y el tráfico de drogas generen daños a terceros.