(Santiago, Chile, Mayo, 2003,
ANCHI) No hay dudas de que la justicia en Chile está
cambiando, no sólo con la reforma procesal
penal en marcha en regiones, sino por sus esfuerzos
de independencia respecto de los otros poderes del
Estado de que está haciendo gala en los últimos
meses.
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La semana pasada – mediados
de mayo - el juez titular del Sexto Juzgado Civil de Santiago
declaró nula una resolución anterior que permitió
la construcción de la central hidroeléctrica
Ralco, en la Octava Región, un megaproyecto eléctrico
que se ejecuta desde hace seis años en el sur del país
y que ha puesto en pugna a indígenas y ecologistas
con las autoridades públicas y el consorcio transnacional
Endesa.
El fallo responde a una demanda presentada
en 1997 por familias pehuenches y si esta sentencia se mantiene,
habría que deshacer todo lo construido por Endesa,
un 82 % del total, y que debería comenzar a operar
el próximo año; y deshacer también los
convenios de permutas de tierra con las 83 familias afectadas,
de las cuales únicamente cuatro se habían opuesto
a abandonarlas antes de ser invadidas por las aguas de la
represa.
FACTOR PRESIDENCIAL
Endesa pudo iniciar el megaproyecto
en 1997 gracias a la firme voluntad del entonces Presidente
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ingeniero hidráulico tan convencido
de sus bondades que hizo prevalecer la ley eléctrica
por sobre la ley indígena (que prohibe la venta de
tierras indígenas a terceros) y torció la nariz
a un informe de la Comisión Nacional para el Medio
Ambiente, CONAMA, que se había opuesto a darle el pase
por destruir la biodiversidad de la zona del Bío Bío.
El megaproyecto pertenece a Endesa,
la poderosa empresa privada chilena - hoy subsumida por su
homónima española Endesa España -, creada
originalmente por el Estado y privatizada en las postrimerías
de la dictadura militar dentro de su programa neoliberal.
La construcción de la central Ralco significa la inundación
de una superficie de 3.500 hás. afectando a tres comunidades
indígenas pehuenches. Unida a la central Pangue, construida
en 1994 y en funciones desde 1997, destruye cerca de 70 km
del Alto Bio Bio.
Endesa construyó la primera
central. Pangue, pese al rechazo de las comunidades indígenas,
durante el gobierno de Patricio Aylwin gracias a que entonces
no existía una legislación que protegiera con
efectividad el medioambiente, ni tampoco una que defendiera
las tierras y los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Esa central significó el reasentamiento de 50 personas
y la inundación de 500 hectáreas.
Para la construcción de la
segunda central, la de Ralco, Endesa se ha encontrado con
más dificultades. Primero se topó con la ley
medioambiental : su primer estudio de impacto ambiental fue
rechazado por CONAMA y luego, con la oposición tenaz
de ambientalistas y comunidades indígenas que se negaban
a permutar sus tierras por otras, única forma de comprarlas
para sumergirlas en aguas.
EL ESCOLLO AMBIENTALISTA
Sorpresivamente, la directora de entonces
de la CONAMA, Viviene Blanlot, dimitió. Y también
se cambiaron sucesivamente a dos directores de la Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, que se oponían
a las permutas de tierras. Tras el reemplazo de la Blanlot
por otra autoridad, se dio a Endesa una segunda oportunidad
para mejorar el estudio, el que posteriormente fue aprobado
otorgándose la autorización al proyecto.
Hoy día, el fallo que anuló
la autorización para construirlo establece que los
sevicios públicos consultados por la Conama en aquella
oportunidad (1995) emitieron informes negativos, lo que la
entidad ambientalista ignoró bajo el nuevo director,
otorgando el permiso a Endesa con el resultado de que hoy
el megaproyecto está casi terminado y a su costo de
casi 600 millones de dólares hay que sumar las concecuencias
nefastas que acarreará al entorno.
LA RESISTENCIA PEHUENCHE
Cuando la justicia chilena no acogió
su demanda contra Endesa, las familias pehuenches, asesoradas
por el abogado Roberto Celedón, el 10 de diciembre
pasado hicieron una presentación ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la que la acogió.
La demanda expone la incapacidad de los poderes públicos
chilenos para resolver el conflicto, además de una
serie de irregularidades, atropellos y abusos, desconociendo
por ejemplo la Ley Indígena de 1993 al forzar la permuta
de tierras que están protegidas por esa legislación.
En ella se pide además el reconocimiento constitucional
de los pueblos aborígenes de Chile, lo que hace pocos
días fue rechazado una vez más por el Senado
de la República.
DEBILITAMIENTO PEHUENCHE
Eran 7 las familias que primitivamente
se opusieron a permutar sus tierras, pero poco a poco han
ido cediendo a los espejitos multicolores que les ofrece la
transnacional. Si hasta las hermanas Nicolasa y Berta Quintremán,
veteranas resistentes, se han dejado seducir. Aceptaron primeramente
10 milones de pesos de Endesa firmando un “pre acuerdo”,
del que luego se desistieron sin devolver el dinero, ya que
podía imputarse a futuros pagos por el uso de servidumbre
del terreno. Mayor decepción provocó Nicolasa,
cuando a fines del año pasado firmó el contrato
para llegar a un acuerdo definitivo, aduciendo que los ambientalistas
e indigenistas que habitualmente las apoyaban las habían
dejado solas. Estos tienen una explicación: cada persona
que se acercaba a sus casas era sospechosa de “terrorista”.
La promesa es un campo de 70 hás.
(más del doble del que permuta) y 200 millones de pesos.
Pero aún este convenio ya firmado tiene una cláusula
que permite un desistimiento de última hora.
La debilidad de Nicolasa Quintremán
ha traído cola, pues las cuatro familias pehuenches
que junto con ellas se negaban a permutar sus tierras, hace
poco se manifestaron dispuestas a negociar con Endesa.
Con el nuevo fallo de la justicia
chilena que favorece a ecologistas e indígenas, el
cuadro ha cambiado abruptamente. Sin embargo, el trabajo en
Ralco ha continuado pues la justicia no ha exigido la paralización
de faenas.
Se ve difícil que se demuelan
obras de esa envergadura. Endesa ha dicho que apelará
de la resolución judicial y Jaime Andrade, el Coordinador
de Políticas Indígenas del Gobierno, afirma
que se buscará “una solución que satisfaga
a todos”.
¿Será tan fácil
hacerlo como decirlo?.
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