Los artistas e intelectuales abajo firmantes nos hemos enterado por la prensa de las modificaciones al proyecto de ley de nueva institucionalidad cultural enviado por el Gobierno, introducidas por la Comisión de Cultura de la Honorable Cámara de Diputados, y que deberán ser votadas en sala durante la presente semana.

En relación a dichas modificaciones, queremos expresar nuestro reparo ante el simple criterio de dividir el fondo según el número de regiones, en la medida en que ello producirá un efecto conceptual y financiero contrario al esperado. En particular queremos dejar constancia de nuestra opinión sobre los siguientes puntos:

1. Vemos en las modificaciones un concepto erróneo de política cultural alentado por el legítimo propósito de favorecer la autonomía de las regiones. Ese concepto resulta, nos parece, doblemente pernicioso. Por una parte, se producirá el efecto negativo de debilitar o imposibilitar el diseño de políticas de desarrollo cultural a nivel nacional, de mediano y largo plazo, como única vía para estimular de manera sólida y coherente el desarrollo artístico y cultural del país. Por otra parte, una regionalización cultural no se puede imponer por decreto, sino que supone acervos, tradiciones, ritmos y estilos. Un criterio de mera distribución cuantitativa atenta notoriamente contra los aspectos cualitativos del desarrollo cultural.
2. En este sentido, nos preocupa enormemente que la solución legislativa propuesta desnaturalice y disminuya dos de los logros más importantes de los gobiernos democráticos en el campo cultural, el FONDART y el Fondo del Libro. Nos parece indiscutible que estas dos iniciativas han producido, a lo largo de una década, mejoras evidentes en la generación y gestión de proyectos artísticos y culturales en todo el país, impulsando muy especialmente el desarrollo regional.
3. Los efectos benéficos de estas dos instancias están vinculados a los niveles de exigencia que hasta ahora han regido los procesos de selección en los concursos correspondientes, al entregar a pares altamente calificados la evaluación de los proyectos, asegurando de este modo no sólo la pertinencia de los mismos, sino también la transparencia del proceso. Las modificaciones propuestas rebajarán los niveles de exigencia que hasta ahora han regido los procesos de selección. Es preciso considerar que muchas de las regiones no cuentan con la masa crítica suficiente para garantizar procesos de evaluación y selección que satisfagan criterios de excelencia. Además, y esto resulta más preocupante, es previsible que las modificaciones indicadas acaben sustituyendo procesos de selección mediante la evaluación de pares por otros entregados a criterios ajenos y a intereses mezclados. Nada nos parecería amenazar más el desarrollo cultural del país que una subordinación de las iniciativas culturales a instancias administrativas, tal como la que advertimos esbozarse en las indicaciones de la Comisión de Cultura.
4. En cuanto al objetivo de discriminar positivamente a favor de las regiones en la asignación de recursos, debe quedar claro que, sea cual fuere el criterio y los índices que se empleen para realizar la división planteada -población, situación socio-económica (indicadores CASEN y de cesantía), realidad educacional y cultural, etc.-, los montos totales que recibirán las regiones serán indefectiblemente menores que las que reciben hoy a través de los concursos antedichos, salvo una diferencia positiva marginal en dos casos puntuales.
5. Estimamos asimismo que la solución legislativa de simple división presupuestaria ignora las condiciones, necesidades y exigencias contemporáneas de la producción de arte y de cultura a nivel internacional, que relacionan formas y procesos específicos de desarrollo y creación con criterios comparables de calidad que definen la validez e incidencia del arte y la cultura en los contextos históricos actuales. Nos parece que las modificaciones propuestas sólo podrán favorecer una suerte de autismo regional y la desvinculación respecto de esos criterios, estancando gravemente el desarrollo de los diversos procesos culturales específicos. Para convencerse de lo perniciosa que puede resultar esta iniciativa, basta pensar qué sucedería en el campo científico y tecnológico si en los concursos correspondientes se aplicasen criterios análogos a los que se insinúan en las indicaciones propuestas. Así como es ampliamente aceptado que no existen ciencias regionales -en el sentido geográfico de la palabra-, pero sí, en determinados casos, temáticas locales, también debe tenerse claro que en el arte y la cultura la reivindicación de perspectivas y problemas específicas no puede constituirse en un pretexto para obviar exigencias de calidad.

Sobre la base de estas evidencias, solicitamos a los honorables miembros de la Cámara de Diputados que no aprueben las indicaciones en cuestión hasta que se realice un debate amplio e informado con la participación de las personalidades relevantes y calificadas para tratar estas materias. Una decisión tan significativa para el futuro del país no podría quedar entregada, como ya hemos dicho, a consideraciones meramente políticas y administrativas.